Salud insiste en una “desescalada lenta”, en “ser cautos” y en que las cifras piden “prudencia“. Con el final del estado de alarma este próximo domingo, la consellera Patricia Gómez ha evitado concretar qué restricciones permanecerán y cuáles llegarán a su fin, limitándose a explicar que se está “trabajando a nivel jurídico” y “estudiando con otras comunidades” y con el Gobierno cómo mantener medidas como el toque de queda o los controles sanitarios en los aeropuertos a los pasajeros que vienen de la península. Sin embargo, Gómez ha recordado que una medida como la limitación de las reuniones sociales y familiares a seis personas fue certificada por el TSJB antes de decretarse el segundo estado de alarma y que “la situación nos invita a la prudencia para aumentar los núcleos de estas reuniones sociales”.
”Hay que ser muy cautos en la flexibilización”, ha defendido la consellera de Salud, prometiendo que la “normalización” llegará “a medio plazo”. En este sentido ha defendido que aunque “la incidencia del coronavirus se mantiene en parámetros razonables” -en estos momentos 64 casos por cada 100.000 habitantes en Baleares, 58 en Mallorca- “hay que mantener medidas”. “No entendemos que otras comunidades no lo hagan”, ha expresado incluso Gómez.
En este sentido, dos de los puntos en los que más se han detenido hoy la consellera y el portavoz del comité de gestión de la pandemia en las islas, el doctor Javier Arranz, es en la mayor incidencia en las franjas de edad más jóvenes y en la detección de brotes grandes provocados por la variante británica del virus.
Según ha detallado, de 20 a 29 años la incidencia es de 75 casos por cada 100.000 y de hasta 90 casos por cada 100.000 de 16 a 20 años, algo que han atribuido a una “mayor movilidad” y “más contacto social”. Sobre los brotes, el doctor Arranz ha recordado que con la variante británica es común que si se contagia una persona de un núcleo familiar, se acaben contagiando todos sus miembros.
Ante ello la consellera de Salud ha reconocido que “la situación nos invita a la prudencia a la hora de aumentar el número máximo de personas en las reuniones sociales”. Una medida, que, ha recordado, “afecta a un derecho fundamental”, pero que fue “certificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB)”, cuando no había estado de alarma.
