El director general de Consumo, Félix Alonso, reclamó ayer en el Parlament balear el respaldo de todos los grupos políticos para impulsar, junto al Ministerio del ramo, la elaboración de una norma que convierta en obligatorio que las clínicas dentales y otros modelos de negocio de estas características suscriban un aval o un seguro de caución para que en el caso de una suspensión de pagos sus clientes queden protegidos.
El objetivo es evitar que se repitan casos como los de Dentix, que dejó desatendidas en Balears a casi 4.000 personas, según los datos facilitados por el Govern.
La meta que se ha fijado este departamento es que esta normativa se elabore desde el Gobierno central, para lo que se van a tener las reuniones correspondientes con el Ministerio que dirige Alberto Garzón.
Félix Alonso hizo este llamamiento en su comparecencia ante la Cámara autonómica para facilitar información sobre las actuaciones que se han desarrollado en las islas en relación al concurso de acreedores que Dentix presentó en 2020 y que dejó desatendidas en el archipiélago a casi 4.000 personas, aunque tras la compra de la compañía por parte de Vitaldent, ésta se ha comprometido a prestar ese servicio a la mayor parte de los afectados en las clínicas adquiridas a la empresa quebrada, una en Palma y otra en Maó, o en las tres propias de que dispone en el archipiélago.
Los datos facilitados por la Dirección General de Consumo cifran en 1.493 los afectados en Palma, que habían abonado tratamientos por valor de 2.453.721 euros; 496 en Inca, con un importe de 908.689 euros; 618 y un valor de 857.505 euros en Manacor; 697 personas y 936.188 euros en Eivissa; y 618 afectados y 857.505 euros en el caso de Maó.
Por lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por la Dirección General en relación a este tema, Félix Alonso recordó que el servicio de Atención al Consumidor informó a las personas que se habían visto afectadas por la suspensión de los servicios contratados de la posibilidad de dirigirse a la entidad financiera con la que hubieran firmado el crédito para pagarlos con el fin de solicitar la suspensión de dichos desembolsos o la cancelación del préstamo, tal y como se prevé en la legislación vigente.
Este mismo servicio ha actuado como mediador con las citadas entidades financieras. En los casos en los que dicha mediación no ha prosperado, el expediente se ha remitido al servicio de Reclamaciones del Banco de España, dado que éste es el organismo competente en estas situaciones.
Además, se ha ofrecido asesoramiento a los afectados por el cierre de Dentix, y desde el primer momento se puso este caso en conocimiento de la Policía Nacional.
También se han mantenido reuniones en dos ocasiones con el Colegio Oficial de Dentistas de Balears y con las asociaciones y plataformas formadas por los clientes perjudicados.
La atención presencial a los afectados se ha desarrollado en el Casal de Consum situado el barrio de Pere Garau.
Finalmente, Félix Alonso se comprometió a que su departamento continuará trabajando para evitar la publicidad «agresiva, engañosa y desleal» que realicen las empresas en los medios de comunicación y en las redes sociales.
La quiebra ha supuesto «un sufrimiento muy grande» a los afectados
La quiebra de Dentix ha supuesto «un sufrimiento muy grande» a las personas afectadas. Son palabras del director general de Consumo, Félix Alonso, quien aseguró ayer en el Parlament que la preocupación por este asunto hace unos meses no es la misma que ahora, puesto que en aquel momento «la situación era de mucha angustia y ahora hay cierto aligeramiento».
Según Alonso, la situación derivada del concurso de acreedores de Dentix «está entrando en una cierta normalidad», después de que más 3.800 personas se hayan visto afectadas en Balears. «A diferencia de otras comunidades autónomas, nosotros nos hemos implicado más de lo que nos tocaba», indicó, por otro lado, sobre su trabajo en torno al caso de Dentix.
