El escándalo de la explotación sexual de las menores no solo se limitaba a las adolescentes tuteladas por el Consell de Mallorca. Esta situación también se extendía a los centros de reclusión que están bajo la responsabilidad del Govern, en concreto, por la conselleria de Asuntos Sociales. Esta grave situación aparece reflejada en un informe oficial firmado por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y es el resultado de una visita realizada al centro de es Fusteret en el mes de febrero del pasado año, en pleno escándalo de las menores prostituidas.
A la visita acudieron dos funcionarios de esta institución del Estado y realizaron una amplia inspección por las instalaciones de este centro de Palma. En el momento de la visita había tres internas que se encontraban en situación de «no retornada». Es decir, eran chicas que habían disfrutado de un permiso de salida y no habían regresado al centro, por lo que las estaban buscando. Fueron los propios responsables del centro los que dijeron que estas adolescentes problemáticas caían «en manos de redes de prostitución». Es decir, el personal del centro estaba confirmando que les constaba que chicas que vivían bajo la responsabilidad del Govern estaban siendo captadas por estas redes de explotación, lo que evidenciaba que este problema no lo sufrían solo las menores tuteladas por el Consell de Mallorca, sino que el escándalo era mucho más grave. El problema se agravaba porque se trataba de menores que vivían en un régimen cerrado y solo salían del centro bajo autorización. Los trabajadores de es Fusteret se limitaron a indicar al Defensor del Pueblo que se estaba trabajando para paliar esta situación de explotación sexual, si bien no concretaron qué tipo de medidas se habían adoptado para que estas situaciones no se repitieran. El Defensor del Pueblo, ante la gravedad del asunto que se estaba desvelando, señaló en su informe que los dos inspectores solicitaron información mucho más detallada para conocer qué tipo de medidas se habían adoptado para resolver «este grave problema de explotación sexual».
El Govern es el responsable de los diferentes centros de internamiento de menores. Allí viven los adolescentes que cuentan con un amplio historial delictivo o que han cometido un delito grave. Es un centro cerrado que está sometido a un estricto régimen interno. En el centro de es Fusteret únicamente residen chicas, que viven juntas bajo la vigilancia de los servicios de seguridad contratados por el Govern y atendidos por el personal de la conselleria.
A diferencia del IMAS, que sí ha admitido que le constaba que al menos 16 menores tuteladas por el Consell de Mallorca habían caído en redes de prostitución, el Govern no ha reconocido nunca que esta situación también se producía en el centro que está bajo su responsabilidad. La situación de unas víctimas a otras es muy diferente. Las menores tuteladas por el Consell son adolescentes que han sido apartados de sus padres. En cambio, los que viven en centros de internamiento son menores conflictivos que han sido trasladados a instalaciones cerradas por haber cometido delitos y están sometidos a una constante vigilancia. Estas menores delincuentes pueden estar internadas en este centro del Govern hasta que han cumplido los 21 años de edad. En es Fusteret, en el momento de la visita del Defensor del Pueblo, únicamente había internas de nacionalidad española.
Pero al margen de constatar que el problema de la explotación sexual, en la visita también se descubrió una serie de deficiencias en el centro de menores de Palma. El Defensor del Pueblo no tiene capacidad de sancionar, sino solo de sugerir mejoras. Las sugerencias se referían sobre todo a las medidas de seguridad y organización.
Escándalo
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha enviado sendas cartas al Gobierno de España y al de Balears para que «expliquen las medidas adoptadas y las soluciones dadas» para proteger a las menores que han sido víctimas de explotación sexual. La carta dirigida a Fina Santiago ha sido remitida al Consell de Mallorca, que es la institución que tiene las competencias de los menores tutelados por la Administración.
