Responsables del IMAS: «La explotación de menores no estaba sobre la mesa, si existían casos no lo sabíamos»

«Había casos de abusos sexuales, sobre todo en el entorno familiar, y esa era nuestra primera preocupación. Pero en aquella época no hubo director, ni centro, ni entidad, ni tan solo el Consejo Rector del IMAS que planteara el tema de la explotación de menores. ¿Existían casos? Si existían, nosotros no lo sabíamos. No lo vi en cuatro años y no creo que a todos los que trabajamos allí esos años se nos pasara un problema como este», valoró Garau.

Esta Comisión Política trata de arrojar luz sobre el caso de menores tuteladas que eran captadas por adultos para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o regalos. Algo más de un año después de que trascendiera el escándalo, el Consell de Mallorca aceptó celebrar esta comisión; no tanto para investigar lo que ocurrió sino para analizar qué medidas se han adoptado para frenar esta problemática y corregir posibles carencias. Forman parte de la comisión los partidos del equipo de gobierno del Consell (PSIB, Més y Podem), El Pi y Ciudadanos. PP y Vox se negaron a participar al considerar que no servirá para saber lo ocurrido.

La sesión de ayer puso el foco sobre la legislatura 2007-11, cuando Francina Armengol era presidenta del Consell. Además de Garau, también comparecieron Josefina Ramis, vicepresidenta del IMAS en aquella época; Gregori Estarellas, director ejecutivo de Protección al Menor y Atención a la Familia hasta 2010; y Antonio Muñoz, que ocupó ese cargo el último año de legislatura.

Todos ellos coincidieron en que en aquellos años no llegó a su conocimiento ningún caso de explotación sexual de menores, con la excepción de una víctima de una red de trata internacional. «El 80% de los casos de abusos sexuales se daban en el entorno familiar y el resto en el ámbito escolar o de ocio», indicó Ramis. Asimismo, rechazó que la falta de protocolos específicos para detectar casos de explotación sexual en aquella época impidiera que afloraran: «No podemos decir que porque ahora haya protocolos estén saliendo más casos. Ningún protocolo invalida el trabajo que hacíamos los técnicos».

Los responsables políticos de aquella época rechazaron que faltara formación para detectar posibles casos y aseguraron que ellos no conocían los expedientes de los menores víctimas de abusos sexuales, maltrato o negligencia de los padres. Había fugas, consideradas «un signo de malestar emocional», sin que se sospechara que pudieran relacionarse con explotación sexual.

Defendieron que elaboraron un protocolo contra el maltrato infantil, aunque la explotación de menores «no tenía un título específico porque no usábamos ese término, ahora hay una mirada diferente», indicó Muñoz.

Por su parte, Estarellas reclamó «poner el foco en los depredadores sexuales y no en los menores».