En marzo finaliza el plazo que el Gobierno ha dado a las aerolíneas para que modifiquen sus sistemas de venta de manera que el comprador no se identifique como residente en los archipiélagos, Ceuta o Melilla hasta el final de la compra. Acatarán un requisito que el ministerio de José Luis Ábalos ha implementado para tratar de contener los precios de los billetes con derecho a bonificación para los ciudadanos extrapeninsulares. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) considera que así no se va a resolver el encarecimiento de los vuelos que provocó el incremento del descuento.
Si bien esta es una de las recomendaciones defendida por los expertos para mitigar los efectos no deseados por las ayudas públicas en el transporte aéreo, se incide en que para las compañías es «fácil» identificar desde dónde se realiza la compra del billete. Aún así desde el organismo independiente del Gobierno se valora que la media «va en la dirección adecuada».
De esa manera el viajero con derecho a bonificación verá «el precio original» de su traslado en avión y será «consciente de lo que cuesta». En este sentido, los expertos de la CNMC subrayan que los residentes compran «billetes más caros», porque son «menos sensibles al precio».
El exconseller Marc Pons anunció a principios de año la novedad sobre marcar la casilla de residente al finalizar la compra del billete, que se introdujo con la nueva ley de Presupuestos Generales del Estado. La medida llega por fin después de que el ministerio de Transportes la anunciara hace dos años, cuando se preveía que entraría en vigor en enero de 2019. Con el presupuesto de 2021 se ha elevado la partida para sufragar el descuento de residente aéreo para Baleares a 212 millones de euros.
La CNMC recuerda que para ofrecer precios «distintos» a las aerolíneas no les hace saber si el viajero es residente, pues las tarifas las fijan en función de la demanda y van testando cuándo pueden subir el coste en determinados vuelos más solicitados.
Concienciar del gasto
El Ministerio encargó tres informes a la CNMC, la AIRef y la Universidad Pompeu Fabra porque el presupuesto de la subvención se ha multiplicado por dos al incrementarse el descuento del 50% al 75%, sumando 765 millones en 2019, según señala el estudio de Competencia. Los tres estudios coinciden en «llamar la atención del gran público» sobre el encarecimiento que ha supuesto para las arcas públicas.
La CNMC apuesta por que haya mecanismos más transparentes y reembolsos a posteriori con topes en la bonificación. Cómo se ha comportado este gasto en 2020, con la crisis de la covid, el organismo lo desconoce.
