El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sigue ocultando el informe que encargó a la Universidad Pompeu Fabra sobre los efectos del incremento del descuento de residente al 75% en el transporte aéreo, un año después de que los expertos académicos lo entregaran a la dirección general de Aviación Civil.

Incluso la semana pasada fue objeto de debate en un encuentro en el que estuvieron sus coordinadores, Juan José Ganuza, de la Universitat Pompeu Fabra, y Juan Santaló, del Instituto de Empresa, y Diego Peñarrubia, de la Universidad de Murcia, participante en el estudio. Los economistas participaron con otros expertos de la CNMC y la AIReF, los dos organismos que en 2020 publicaron sendos informes sobre los efectos de la bonificación. No hubo representación del Ministerio, pero este difundió un comunicado advirtiendo que el descuento seguirá sin cambios. Ayer este diario solicitó el informe a su departamento de comunicación, sin obtener respuesta.

Como informó Diario de Mallorca, el Ministerio se escuda en «limitaciones legales» a las que está sujeta la difusión de este tipo de informes, alegando su «carácter restringido» y su condición de «información reservada» que impide que sea «cedida o comunicada a terceros». Así se expresó el Ministerio en una respuesta escrita al senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo, que en octubre del año pasado interpeló sobre cuándo se daría a conocer. Ábalos sostiene que no se encargó «para publicarlo, sino para uso interno» de su ministerio. También un año antes la diputada popular Margalida Prohens reclamó el informe, sin éxito.

El estudio se titula Los posibles efectos no deseados de las ayudas públicas: el caso de las subvenciones al transporte aéreo de los residentes en los territorios extrapeninsulares. Uno de los economistas participantes, Peñarrubia, señala a este diario que desconoce si se hará público, pues fue un encargo de ámbito interno. En él, añade, no se hacen propuestas al Ministerio, sino que se plantean «las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas», como la de la bonificación del 75%. Por contra, los de la CNMC y la AIReF sí hacían una evaluación mostrando el incremento de precios que produjo. En opinión del economista se negoció la subida al 75% porque era «lo más fácil, pero se puede mejorar».