La fiscalía de menores acusa a las instituciones de pasividad

La fiscalía de menores acusa, a las instituciones de pasividad ante los problemas detectados, entre ellos los casos de supuesta explotación sexual de menores tutelados. En su memoria anual, el ministerio público reprocha, sin citar explícitamente a ningún organismo pero aludiendo al Govern y el Consell, que se limiten a comunicar las incidencias a la fiscalía y olviden que esa notificación «no supone la paralización, interrupción a suspensión de continuar con sus obligaciones». Una situación que para la fiscalía supone una «deficitaria intervención».

El fiscal delegado de la sección de menores de Balears, José Díaz Cappa, pone como ejemplo de esta inacción de las instituciones las fugas de menores de los centros de protección, vinculándolas a los «posibles supuestos de explotación sexual». Según dice, el hecho de que se informe al ministerio público y la consiguiente investigación policial y judicial «no supone que la entidad pública no implemente todos los recursos para evitar este tipo de situaciones o en la posible receptividad del menor a verse embaucado en ellas». Además, critica que desvíen la atención y atribuyan toda la responsabilidad a la fiscalía, poniendo «el foco solo en la parte de la comunicación y de las posibles actuaciones posteriores, obviando de forma interesada aquella parte relacionada con lo que debió seguir haciéndose con las menores desde las referidas instituciones».

El fiscal de menores insiste en que las implementaciones de los recursos materiales, educativos, sociales, familiares «o de cualquier otro tipo para evitar estas situaciones» es de «exclusiva competencia de la entidad pública».

En este sentido, señala que la «inadecuada comprensión» del papel de la fiscalía, asociándola a «una especie de punta de pirámide donde se acumularían competencias de todo tipo, revierte, en muchas ocasiones, en una deficitaria intervención con los menores en esos otros ámbitos competenciales».

José Díaz Cappa insiste en que las comunicaciones recibidas en la fiscalía sobre casos de prostitución de menores captados en centros de protección «han venido dando lugar en los últimos años a numerosos procedimientos judiciales contra adultos y colaboradores» y afirma que existen hoy en día «varias investigaciones policiales y judiciales en curso y actuaciones procesales en fiscalía».