El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca presentó ayer el informe de la comisión de expertos sobre la explotación sexual de menores tutelados. Un informe dirigido por la doctora de la Universidad de Barcelona Noemí Pereda y que entre sus principales conclusiones destaca que “los protocolos se siguieron, pero el tiempo de respuesta entre que se detecta un caso y se actúa necesita mejorar”. En concreto, el informe habla de unos dos meses entre que se detecta el caso y se ponen en marcha las actuaciones contra el abuso sexual infantil. Entre las propuestas que lanza el documento está la creación de un centro especial para las víctimas de abusos sexuales y poner en marcha protocolos más efectivos contra las fugas de los centros tutelados. 

La gestión que se llevaba a cabo en el IMAS, hasta que se destapó el caso de una niña que el pasado mes de enero fue explotada sexualmente en tres ocasiones la misma noche, prácticamente no se analiza. Lanza algunas críticas veladas pero sin entrar a examinar a fondo el problema y sin señalar responsables. Hay que recordar que el caso de la menor abusada en enero destapó el escándalo de la trama y el propio IMAS tuvo que desvelar la existencia de otros 16 casos, publicados por este periódico, y se desató una importante crisis en el seno del Consell. Se solicitó una comisión de investigación por parte de la oposición, que el Pacto de Izquierdas abortó para apostar por una comisión de especialistas. 

El informe de los expertos contratados por el Consell se centra en aportar 18 propuestas de mejora del servicio de menores tutelados. Pereda admitió sin contemplaciones que su función no era la de dirimir dónde se había fallado. Su objetivo ha sido el de «aportar propuestas de mejora». Pereda tampoco quiso entrar en posibles responsabilidades de gestión política en el departamento de menores del IMAS.

Lo cierto es que, pese a que el informe sea benévolo con la gestión de menores realizada hasta el momento, sí que pone de manifiesto algunos fallos importantes en la gestión. Advierte de que Balears cuenta con la tasa más alta de casos de abusos sexuales de España, con 12,8 casos por cada 10.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior. La tasa nacional está en 8,2. El informe apunta que esta tendencia al alza de la tasa de casos se viene produciendo en los últimos ocho años y no saben si es debido a que se detectan más o bien es una problemática generalizada de nuestro archipiélago.

Dos meses para actuar

En cualquier caso, sí que los expertos, en palabras de la doctora Noemí Pereda, consideran que se «actúa tarde». En las encuestas realizadas a los profesionales de los diferentes departamentos del Consell que trabajan con menores se ha podido comprobar cómo la Unidad de Víctimas de Abuso Sexual Infantil (UVASI) «tarda entre 15 y 30 días entre que se deriva el caso de sospecha de abuso sexual y se realiza la primera entrevista con el menor, y entre 15 y 30 días más hasta que se emite el informe». Ello significa entre uno y dos meses para poner en marcha los protocolos de actuación. 

Las psicólogas del UVASI consideran que existen desajustes en la derivación de casos, en el sentido de que no se derivan los casos que deben derivarse y tampoco en las condiciones que debería hacerse”, apunta también el informe.

Por otra parte, los expertos alertan de la situación de los psicólogos de los centros tutelados, gestionados por entidades del tercer sector bajo la supervisión del Consell. En este apartado se puede leer en el informe: «Si bien más de la mitad de los psicólogos reconoce haber recibido formación sobre indicadores de comportamiento graves y explotación sexual infantil, la mayoría dice que esta formación no ha sido suficiente. Solo algunos psicólogos conocen tanto el protocolo como la instrucción y consideran que son herramientas algo o poco útiles. La mayoría no ha asistido a ninguna formación al respecto». La mayoría de los psicólogos «advierten de la necesidad de una mayor coordinación tanto dentro del sistema de protección, como con profesionales y equipos externos», apuntan los expertos.

Las propuestas de mejora

Entre estas propuestas lanzadas por los expertos en su esperado informe destacan unos nuevos protocolos para evitar las fugas de los centros. Que en vez de un castigo se analice con el propio menor para encontrar los motivos que provocan su fuga. En este aspecto, Javier de Juan admitió que en función del educador y del centro se establecían sanciones o castigos a los menores.

Otra de las medidas presentadas es un centro especial para menores tutelados, que estará ubicado en la Part Forana y será gestionado directamente por el IMAS. Este centro ya fue anunciado por la presidenta del Consell, Catalina Cladera, hace unas semanas y estará en funcionamiento en el mes de octubre. También se apunta a la figura del mediador, esencialmente personas que en su momento fueron menores tutelados.

El conseller y presidente del IMAS, Javier de Juan, reconoció que en algunos aspectos “hay margen de mejora, como es el caso de identificar más los riesgos y analizar los motivos por los que se producen las fugas de los menores de los centros”. De Juan admitió que todos estos aspectos ya se han mejorado en los últimos meses y existe una mejor coordinación. Precisamente se han tomado estas medidas desde que se desveló el escándalo de la menor el mes de enero a raíz de las publicaciones de este periódico.

Noemi Pereda (centro), con la comisión de expertos.