Balears y el resto de comunidades autónomas acordaron ayer con el Gobierno central un documento para reducir el impacto de la covid-19 en las residencias. El objetivo es proteger a los ancianos y trabajadores de estos centros para evitar que vuelvan a ser los más castigados en la segunda oleada de la pandemia. Este documento de intervención pactado entre las distintas comunidades recoge las medidas como la reducción y el control de las visitas, protocolos ante posibles positivos y el aislamiento de los usuarios.
Así lo explicó Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales y Deportes: "Se ha pactado un documento de intervención en las residencias con el propósito de reducir el impacto de la covid y sus consecuencias. Son una serie de medidas que las comunidades nos hemos comprometido a aplicar. De hecho, en las islas ya se están implementando algunas como la limitación de una sola visita por residente o el aislamiento de los positivos".
Asimismo, la implementación y el funcionamiento de este documento se revisará cada quince días a través de videoconferencias. "Lo interesante de esto es que nos reuniremos para observar cómo están funcionando las medidas en las diferentes zonas del país y así aprenderemos del resto de comunidades", aseguró la consellera. Además, Santiago explicó que estas medidas no sólo se implementarán en residencias, sino también en el resto de servicios sociales: "Se pretende que estos protocolos también se apliquen al servicio de ayuda a domicilio o a los centros de día".
Las residencias de las islas contaron ayer con 24 ancianos contagiados, 22 en el centro Verge de l'Esperança. Además, hay 23 trabajadores positivos.
