Las Administraciones públicas de Balears han decidido reforzar a partir de hoy el equipo de vigilancia contra el turismo de excesos que han formado el Govern, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos y los Consells Insulars, según comunicaron ayer los consellers Isabel Castro y Iago Negueruela.
En concreto, al centenar de funcionarios de la Comunidad Autónoma que participan en estos controles se suman también unos 50 inspectores de Trabajo, dependientes del Estado, que además aprovecharán este despliegue para combatir la economía sumergida.
Hay que recordar que en estos grupos de vigilancia participan también las Policías Locales, y la Policía Nacional y la Guardia Civil. En relación a estos dos últimos cuerpos, los consellers señalaron que han mantenido un encuentro con la delegada del Gobierno, Aina Calvo, y que ésta se ha comprometido a reforzar también su participación.
Igualmente, se subrayó que los controles se van a extender al mar, para detectar la celebración de party boats ilegales.
Coordinación pública
En este sentido, se puso de relieve el trabajo de coordinación que se ha puesto en marcha para contar con el mayor número de efectivos posibles en la vigilancia contra fiestas ilegales, incumplimientos de horarios, aglomeraciones y exceso de aforos, y uso de mascarillas, entre otros aspectos.
Un aspecto destacado por Isabel Castro es la reciente aprobación de un nuevo régimen sancionador que, en el caso de las faltas más graves, permite aplicar multas de hasta 600.000 euros (como en el caso de los organizadores de fiestas ilegales) y proceder al cierre de establecimientos durante tres años, incluso aunque éstos cambien de titular.
