Un nuevo informe realizado por la Policía, entregado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears que está investigando la actuación del juez Penalva y del fiscal Subirán, sale en defensa ahora de dos acusados que fueron condenados por amenazar y agredir a un testigo protegido del caso Cursach. Dos casos diferentes, juzgados por dos magistradas distintas y cuyas condenas fueron ratificadas, no solo por la Audiencia de Palma sino incluso por el Supremo, que consideró acreditadas las agresiones al testigo, desmontando la coartada defensiva de los dos acusados. Y a pesar de que estas dos sentencias fueron revisadas y casadas por otros jueces, la Policía intenta ahora enmendar el trabajo de las dos magistradas, señalando en un informe que los dos acusados tuvieron un juicio injusto.
Este último trabajo de la Policía, con el que se pretende anular toda la instrucción del caso Cursach, vuelve a cargar con dureza contra el juez Penalva y el fiscal Subirán, que están imputados por el TSJB, hasta el extremo de que mantiene que crearon una organización criminal para perseguir las actividades del empresario nocturno. Y lo hacen sosteniendo que habrían utilizado para lograr su fin al testigo protegido número 29, que fue uno de los que declaró, entre otras muchas cosas, que en la discoteca Tito's se organizaban fiestas sexuales para los policías locales e identificó a los funcionarios que asistían. Una identificación que, en general, coincidía con las identificaciones previas de otros testigos, no solo sobre policías que asistían a las orgías en la discoteca, sino que también se dedicaban supuestamente a extorsionar, exigiéndoles el pago de dinero a otros empresarios de la noche.
Tras la sentencia firme
El testigo 29 denunció que fue coaccionado y agredido por unos individuos de nacionalidad rumana. Uno de ellos es Marian, antiguo portero de la discoteca Tito's, que días después de la primera declaración del testigo y sin que se conociera lo que había contado, apareció merodeando por su domicilio. Este individuo había abandonado días antes su país a su mujer embarazada de ocho meses y se estableció en Mallorca. En el juicio declaró que había venido a Mallorca a buscar trabajo, pero no explicó qué hacía por los alrededores del domicilio del testigo. Fue condenado a 30 meses de cárcel y la Policía sostiene ahora que tuvo un juicio injusto.
El otro caso es el de Florian, otro individuo rumano que también fue condenado por agredir al testigo. En este caso, juzgado por otra magistrada, el acusado fue identificado por el domicilio del denunciante por otras personas y en la sentencia se señaló que presentó unos compatriotas para que mintieran a su favor. Esta condena también fue después ratificada.
