El Govern ya ha aprobado su gran plan para la reactivación económica. Se fundamenta en incentivar la construcción en sustitución del turismo mediante medidas de flexibilización urbanística y agilización administrativa hasta finales de 2021. El nuevo decreto ley de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis provocada por coronavirus, aprobado ayer por el Consell de Govern, contempla la reconversión de hoteles obsoletos en viviendas de protección oficial o laboratorios científicos en las zonas maduras, la exoneración de licencias de obras y las ampliaciones de hasta un 15% de hoteles, restaurantes e infraestructuras turísticas y de ocio, siempre y cuando no incrementen ni plazas ni alturas.

Introducen una figura clave para incentivar la construcción que es la de la declaración responsable del promotor. Ello permitirá que no sea necesaria solicitar licencias para las obras de ampliación o reforma, así como la agilización de numerosos trámites administrativo. Únicamente será preciso la licencia de obras en construcciones de nueva planta. El resto bastará con un proyecto y la citada declaración responsable de los promotores. Todas estas obras sin licencia solo se autorizarán en suelo urbano, no en suelo rústico.

En aras a la agilización administrativa, el decreto ley prevé la eliminación de trámites que hasta el momento han sido considerados importantes. Es el caso de la evaluación de impacto ambiental para determinados proyectos urbanísticos.

Las ampliaciones de hasta el 15% están encaminadas, según el Govern, a adaptar las instalaciones a los cambios derivados de la crisis del coronavirus. En este sentido, se contempla la implantación de energías renovables y la mejora de su oferta turística, entre otras posibilidades. Hasta el momento se permitían ampliaciones hasta el 10%, explicaron desde Modelo Económico y Turismo.

La otra gran medida es la reconversión de los hoteles, talleres y edificios de oficinas en apartamentos de protección oficial (VPO). Estos cambios de uso del turístico al residencial se permitirán en las zonas maduras, que en el caso de Mallorca son la Platja de Palma y Calvià. Además de viviendas, también se podrán reconvertir en centros sociosanitarios o dependencias para actividades científicas y de innovación.

De igual modo, otra de las novedades es que queda suspendida la prohibición de acometer obras durante los meses de verano en las zonas turísticas para evitar ruidos. A partir de ahora se podrán realizar todo tipo de construcciones de junio a septiembre. La finalidad es aprovechar esta temporada turística con pocos visitantes para que el sector de la construcción tome el relevo del turismo. El decreto ley también prohíbe nuevas licencias de alquiler vacacional.

Fomento de las renovables

La otra gran baza que el Govern confía en que se convierta en otra palanca para la reactivación económica son las energías renovables. Impulsará y fomentará los proyectos de parques fotovoltaicos. Los declarará estratégicos en todos los ámbitos. En esta línea se incentivará a las empresas que apuesten por las energías y la movilidad limpia.

El Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, no se cobrarán los pagos a cuenta de los hoteleros de este año y el dinero existente en el fondo de otros años se destinará a hacer frente a los gastos derivados de la pandemia del coronavirus.

Polémica con los funcionarios

Una de las medidas que impulsa el nuevo decreto ley de medidas extraordinarias hace referencia a los funcionarios y no está exenta de polémica Establece que el Govern podrá decretar la movilidad de funcionarios de un departamento a otro en función de las necesidades. Pusieron de ejemplo los empleados públicos que se han tenido que destinar a la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Asimismo, el Ejecutivo autonómico obligará al máximo número de empleados públicos posibles a tener que cogerse vacaciones durante los meses de julio y agosto. La finalidad de esta medida es tener a los funcionarios activos después del verano si en octubre, como apuntan los expertos, se produce un nuevo rebrote de la enfermedad.

No obstante, estas medidas se han decretado sin ningún tipo de acuerdo colectivo y los sindicatos ya han levantado la voz de alarma por este hecho.

Otro de los puntos que contempla el decreto ley es la regulación para facilitar incitativas de transporte público, especialmente ferroviario, con energía renovable. También se suspende la entrada en vigor de la Ley de Residuos en lo que hace referencia a los plásticos de un solo uso.

En el ámbito social el decreto contempla toda una serie de medidas nuevas. En esta línea, se habilita una nueva prestación temporal de 290 euros mensuales para personas dependientes que se han quedado sin la asistencia que recibían en centros de día y se agilizarán trámites burocráticos.

Las medidas

Ampliaciones de hoteles y edificios hasta un 15%

El Govern autorizará a los dueños de hoteles, restaurantes y locales de ocio a ampliar sus instalaciones hasta en un 15 % de su capacidad para adaptarse a los cambios derivados de la crisis del coronavirus y modernizar su oferta, siempre que no aumenten plazas turísticas ni eleven su altura.

Reconversión en VPO de hoteles obsoletos

Hoteles y edificios obsoletos en zonas turísticas maduras, como son la Platja de Palma y Calvià, se podrán transformar en viviendas VPO, instalaciones sociosanitarias o centros de investigación e innovación siempre que lo autorice el ayuntamiento respectivo, lo que supondría eliminar plazas turísticas.

Se suspende la ecotasa y se eliminan expendedoras

El decreto ley aprobado ayer en un Consell de Govern urgente suspende el pago a cuenta de la ecotasa y modifica del destino de los fondos no asignados del impuesto del año 2019 y 2020 para atender a la crisis del coronavirus. También se prohíben las máquinas expendedoras en los hoteles.

Parques fotovoltaicos y 'puntos verdes'

La otra gran baza del Govern para reactivar la economía son las energías renovables. Por ello, declarará como estratégicos los proyectos de parques fotovoltaicos y se eliminan trámites administrativos. También se persigue facilitar la implantación de los llamados 'puntos verdes' de reciclaje.

Prestación social para personas dependientes

El decreto contempla una prestación social temporal de 290 euros para aquellas personas dependientes que no pueden acudir a un centro de día. También se agilizarán los trámites de subvenciones para las entidades sociales y se prioriza la compra de material sanitario para los hospitales.