La situación excepcional que ha paralizado la actividad turística, el motor económico de Balears, motiva al Govern del Pacto a agilizar las obras en general y en los hoteles en particular; en aras a "potenciar la construcción" como sector primordial, el Ejecutivo de Francina Armengol aprobará de forma inminente un "decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias de simplificación administrativa", que elimina la complejidad burocrática, a la par que controles.
De entre las medidas que el Govern urge a aplicar "sin dilaciones", grosso modo destaca la incluida en el artículo 7: "Incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos", dirigida a su "modernización". Todas las solicitudes en ese sentido presentadas antes del 31 de diciembre de 2021 "quedarán excepcionalmente excluidas del cumplimiento de los parámetros de planeamiento territorial, urbanísticos y turísticos que impidieran su ejecución". El proyecto solo necesitará un informe para obtener la licencia municipal, o bien "presentar una declaración responsable".
La conselleria de Turismo tendrá tres meses como máximo para corroborar que el establecimiento a reformar es legal y cumple con la normativa requerida. El anteproyecto del decreto ley, que lleva días negociándose entre Podemos, Més y el PSIB-PSOE, estipula que la modernización de hoteles "se puede llevar a cabo aunque suponga un incremento relativo de la superficie edificada y de la ocupación, respectivamente, que no podrá exceder en un 15% de las legalmente construidas o actualmente permitidas (...)". El decreto recalca que estas obras "no podrán implicar en ningún caso un aumento del número de plazas del alojamiento".
Otra medida llamativa es que durante el verano que viene "todas las obras" en zonas turísticas "estarán exentas de las limitaciones temporales estivales vigentes en cualquier normativa autonómica, insular o municipal". Es decir, no se aplicará la suspensión para evitar ruidos al vecindario.
El decreto ley de medidas urgentes de simplificación y reactivación económica persigue "potenciar el sector de la construcción", reza en su preámbulo. Consta de una cuarentena de artículos, y otorga un peso importante a la figura de la "declaración responsable para determinadas obras e instalaciones a ejecutar en suelo urbano". Se trata de un "régimen excepcional", por el que los promotores se comprometerán ante los respectivos Ayuntamientos a que los proyectos para los que solicitan licencia cumplen con la normativa urbanística municipal. Será de aplicación para aquellas solicitudes hasta el 31 de diciembre del año que viene.
Ecotasa para el Covid-19
En otro orden, el decreto ley contempla que los fondos recaudados por la llamada ecotasa -que mermarán significativamente ante la ausencia de turistas- puedan destinarse a la lucha contra la Covid-19lucha contra la Covid-19. También, medidas de protección social, entre las que destaca una prestación para personas dependientes que se hayan visto perjudicadas por el cierre de los centros de día, con cuantías que oscilan entre los 143 y los 290 euros.
Otro punto establece que podrá limitarse el periodo de vacaciones de verano de los funcionarios del Govern, comprendido ahora entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El texto deja claro que si se produce un rebote de la pandemia que "haga necesaria la presencia de personal" en determinados puestos, se le podrá obligar a coger las vacaciones entre el uno de julio y el 31 de agosto.
Medidas
Potenciar la construcción
El decreto ley contempla una serie de medidas para agilizar los trámites administrativos y "potenciar el sector de la construcción". El Govern quiere dar facilidades para que especialmente los alojamientos turísticos se modernicen y para ello les permite crecer hasta un 15%.
Cobra fuerza la declaración responsable
En aras a la agilización burocrática, en muchos casos bastará una declaración responsable del promotor para solicitar autorización para un proyecto de reforma, además de para otras actividades. Los Ayuntamientos deberán ser diligentes en la tramitación de licencias.
Facilidades para contratar interinos
Otra facultad que otorga el decreto ley al Govern consiste en permitirle la contratación de personal interino sin seguir los trámites normales. Se pretende dotar así de más personal a las plantillas del Servicio de Empleo (para tramitar ERTES) y las prestaciones para la dependencia.
Inspectores para cualquier actividad
El decreto ley contempla también la posibilidad de que cualquier inspector al servicio de la Comunidad Autónoma pase a realizar labores de inspección en cualquier ámbito, aunque no sea el suyo. Asimismo, se pueden limitar el periodo de vacaciones para algunos funcionarios.
Prestaciones para los dependientes
Debido al cierre de los centros de día, muchas familias han tenido que hacerse cargo de sus parientes con dependencia. El Govern quiere dotarles de una prestación añadida, que puede oscilar entre los 143 y los 290 euros. También se agilizarán otras ayudas y subvenciones.
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