El juez Penalva y el fiscal Subirán se niegan a la entrega voluntaria de sus teléfonos móviles, tal como ha requerido el juez Carlos Gómez, que les dio un plazo de cinco días para realizar dicha entrega. El abogado Javier Barinaga, defensor de los dos instructores del caso Cursach, ha anunciado que no se van a entregar los terminales móviles y en un escrito que ha remitido al TSJB detalla las razones de esta decisión. El letrado señala que los móviles de Penalva y Subirán, en la actualidad, son teléfonos que adquirieron con posterioridad al inicio de esta investigación y, por tanto, "nula aportación implicarían en la causa"

También se explica que, "como es lógico y evidente", los dos teléfonos contienen cuestiones privadas de Penalva y Subirán, así como conversaciones con su abogado defensor, "las cuales no pueden quedar a merced de terceras personas".

El tercer argumento es que el abogado no se fía de la Policía Nacional, que debería realizar el volcado de los teléfonos, ya que la defensa ha venido denunciando el "incorrecto proceder de los instructores policiales", es decir, de los dos inspectores que han acusado al juez y al fiscal de graves delitos en su proceder en la investigación de la causa de corrupción.

Por último, Barinaga denuncia que con determinadas diligencias que han solicitado las partes personadas en la causa como acusación "se está pretendiendo ampliar indebidamente el proceso de la instrucción", por lo que entiende que el juez Carlos Gómez debe aclarar esta cuestión que se plantea.

No es el único escrito que ha presentado el abogado de la defensa, ya que también ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones contra las últimas decisiones del juez del TSJB, que ha citado una serie de testigos propuestos por las acusaciones y por la fiscalía. Testigos que entiende la defensa que nada tienen que ver con el objeto de la investigación, que debería limitarse a los hechos que quedaron limitados en la exposición motivada que elaboró la magistrada Carmen Abrines, al enviar la causa al TSJB. Se limitaría a una serie de presuntas filtraciones a la prensa y un supuesto caso de detención ilegal de unos detenidos en el caso Ime.

Sin embargo, las citaciones que han sido aceptadas por el juez instructor se refieren a la instrucción del caso Ora que, según recuerda la defensa, no es objeto de este procedimiento.

El abogado recuerda que ni el fiscal, ni tampoco ninguna de las acusaciones, recurrieron el auto de la magistrada Abrines, que limitaba el objeto de la instrucción, por lo que no se puede ampliar nuevos hechos que no figuran en la exposición motivada.

Javier Barinaga sostiene que si no se respeta la delimitación del objeto de la instrucción, se estaría vulnerando el derecho de defensa de Penalva y Subirán. Para motivar esta reclamación el escrito detalla algunas decisiones del Supremo, que rechazan la posibilidad de realizar "una causa general".

Por esta razón, la defensa se opone a que se tome declaración a todos los testigos que han solicitado las acusaciones, que nada tienen que ver con el objeto de la investigación que realiza el TSJB, que quedaría limitado en la exposición motivada de la magistrada Abrines.

Por otra parte, también insiste el abogado en que se oficie a la Policía Nacional para que detalle en que destinos han ocupado desde el año 2016 hasta la actualidad los dos inspectores, conocidos como "Los Juanes", que son los que han realizado la investigación contra Penalva y Subirán. Esta prueba ha sido rechazada por el juez Gómez, pese a que la defensa insiste en denunciar que los dos autores de estos informes policiales han sido premiados con ascensos dentro de la Policía, como consecuencia de esta investigación.