Ciudadanos critica que la Oficina Anticorrupción no cumple función alguna

Ciudadanos (Cs) critica el "coste totalmente sobredimensionado para los bolsillos de los ciudadanos de Balears" que está suponiendo la Oficina Anticorrupción creada en la pasada legislatura por el Govern de Armengol.

La diputada autonómica Patricia Guasp lamenta la gestión que ha realizado hasta ahora este organismo público, ya que no está cumpliendo con el objetivo de "recuperar la confianza" de la población en las instituciones.

La formación naranja apuesta por "una verdadera Oficina contra el Fraude y la Corrupción en la gestión pública, que sea independiente y siempre con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", defiende Guasp.

La diputada recuerda que desde hace tres años la Oficina Anticorrupción, desde su creación, "solo ha servido para sobredimensionar el sector público, sin desarrollar acciones concretas ni ejercer sus funciones", defiende.

Precisamente, ayer, la Secretaría de Memoria Democrática y Buen Gobierno y la Oficina Anticorrupción colaboraron en la gestión de la información de los cargos públicos para garantizar su actualización en el portal de transparencia del Govern, informó la conselleria de Administraciones Públicas.

Guasp reitera las críticas de Ciudadanos a la "opacidad" del nombramiento de su actual gerente, que cobra al año 95.000 euros, una cantidad "claramente abultada" que no guarda relación ni con el sueldo de los directores generales del Govern balear, ni con el de los gerentes de las empresas públicas. La diputada añade además que, "no conformes con ello, ahora parece que quieren engordar aún más el gasto público con el alquiler de un nuevo local, una factura que siempre acaban pagando los ciudadanos".

En diciembre de 2017, con el voto de los partidos del Pacte, y la oposición de PP, Ciudadanos y El Pi, el Parlament nombró a Jaume Far como director de la nueva Oficina Anticorrupción y le puso un sueldo anual de 95.000 euros.

El pasado marzo, la cámara autonómica dotó a la oficina de 24 puestos de trabajo, entre ellos un director adjunto y jefes de área de ética pública, de investigación e inspección; de asuntos generales y recursos humanos, de asesoramiento y representación jurídica. A ellos se unieron varios inspectores jefes de equipo, jefes de unidad y adjuntos, ayudantes y secretarios personales.

En junio la Oficina Anticorrupción nombró a Tòfol Milán como nuevo responsable del área de Ética Pública, departamento encargado de vigilar los incrementos de patrimonio de los altos cargos y hacer cumplir que realicen las pertinentes declaraciones de bienes y actividades. Sin embargo, inmediatamente se supo que Milán, cuando era gerente del ayuntamiento de Calvià no publicó su declaración de bienes y de actividades hasta marzo de 2019.