El Govern balear prepara una segunda multa a Airbnb por comercializar viviendas vacacionales ilegales en las islas cuyo importe superará los 300.000 euros que la conselleria de Turismo ya impuso a la plataforma en febrero de 2018. La empresa es reincidente y por tanto la penalización podría acercarse a los 400.000 euros, la sanción máxima que fija la ley de turismo para infracciones "muy graves" de la normativa.
Los inspectores de Turismo han comprobado que Airbnb comercializa una significativa oferta vacacional ilegal pese a las numerosas advertencias que desde el departamento que dirige Bel Busquets han trasladado a la plataforma para que retirara los anuncios ilegales.
El grueso de la oferta ilegal se concentra en Palma, donde se anuncian decenas de pisos y apartamentos para turistas pese a la prohibición total de alquilar en plurifamiliares en todo el municipio.
El primer expediente abierto a la popular plataforma hace algo más de un año todavía no se ha resuelto. Airbnb recurrió la sanción del Govern a la justicia ordinaria. El TSJIB obligó en febrero a la empresa a abonar la multa de 300.000 euros aunque todavía no haya una sentencia firme. La sala argumentó que suspender el pago hasta entonces supondría "un perjuicio a los intereses generales".
En el Ejecutivo consideran que la plataforma dilatará el procedimiento todo lo que pueda porque, en caso de una sentencia desfavorable, sentaría un precedente que obligaría a todas estas comercializadoras a realizar cambios de envergadura.
La ley autonómica castiga "la comercialización, la publicidad o la facilitación mediante enlace o alojamiento de contenidos de reservas (...)" de viviendas vacacionales ilegales.
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