Concepción Sabadell, el azote de los acusados en el caso Gürtel, la trama de corrupción entre empresarios y el PP en varias comunidades autónomas, se ha hecho cargo ya del caso Cursach, junto a su compañero de la fiscalía anticorrupción Tomás Herranz. Ambos fiscales residen en Madrid y representarán al ministerio Público en las diversas causas que se siguen en el juzgado de instrucción 12 de Palma contra el empresario de la noche Bartolomé Cursach y otras decenas de imputados.
La designación de Sabadell y Herranz como fiscales del caso Cursach ya es un hecho, pero la fiscalía anticorrupción central ha decidido también mantener a su delegado en Balears, Juan Carrau, como fiscal de estas causas.
El que deja el caso es Miguel Ángel Subirán, el fiscal que llevaba seis años investigando las presuntas redes de corrupción en las Policías Locales de Palma y Calvià, los Ayuntamientos de ambas localidades, el Govern y las empresas de los grupos Cursach y Miguel Pascual.
La decisión de apartar a Subirán se deriva de las sospechas que recaen contra él y contra el anterior instructor del caso, el magistrado Manuel Penalva, tras el hallazgo por la Policía Judicial de un foro de mensajes de WhatsApp entre ellos y los miembros del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Cursach.
Grupo crimininal
Según la Policía Judicial, de los mensajes se derivarían indicios de que Subirán, Penalva y los agentes de Blanqueo habría integrado un grupo criminal que se habría dedicado durante la instrucción del caso Cursach a prevaricar, efectuar detenciones ilegales, manipular testigos y pruebas y otros delitos, todo ello "con el objetivo de buscar condenas".
Subirán se halla de baja desde hace algunos días, situación en la que también está Penalva.
Este último fue apartado del caso por la Audiencia Provincial tras la difusión de otros mensajes telefónicos enviados por el magistrado a una testigo protegida. Penalva fue recusado por varias defensas y la Audiencia entendió que con aquellos mensajes había perdido su apariencia de imparcialidad.
Las varias piezas separadas del caso Cursach fueron desde entonces instruidas por otro juez, Miguel Florit, que a su vez está investigado en una causa por prevaricación judicial y delitos contra el derecho a la información en su variante del secreto profesional y la inviolabilidad de domicilio y por interceptación ilegal de comunicaciones.
Florit y el fiscal Carrau decidieron, el pasado verano, abrir una causa por presunta revelación de secretos por algunas informaciones que los medios de comunicación estaban publicando sobre el caso Cursach.
Requisa de los móviles
En esa pieza separada por revelación de secretos, Florit, con informes favorables de Carrau, dictó, entre septiembre y diciembre del año pasado, cuatro autos ordenando la fiscalización de las llamadas de dos periodistas y la requisa de sus móviles requisa de sus móvilesy otros dispositivos electrónicos de trabajo y personales. Esos autos motivaron la interposición de una querella contra Florit por parte de Diario de Mallorca y Europa Press, acción a la que se han adherido la Asociación de Medios de Información y la Agencia Efe.
El caso Cursach está ya prácticamente instruido.
