El juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán que han investigado los negocios y actividades del magnate Bartolomé Cursach son acusados ahora de pertenencia a grupo criminal. Así lo recoge un informe de la policía judicial que además les imputa los delitos de revelación de secretos, amenazas, coacciones, denuncia falsa, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y detención ilegal.
Este informe, que ha elevado el juez Florit al TSJB, parte de los inspectores que investigan la revelación de secretos que denunció la mano derecha de Tolo Cursach, Bartomeu Sbert, a la que posteriormente se sumó el empresario del ocio y la Fiscalía Anticorrupción, a instancias de Juan Carrau.
Cursach y Sbert acudieron a pedir auxilio a la Justicia cuando vieron reflejado en medios de comunicación un informe policial trasladado a Hacienda en el que se decía que este grupo empresarial manejaba grandes cantidades de dinero negro -más de 50 millones de euros- y que tenía un topo en la Agencia Tributaria. Además, revelaba que muchos empleados del grupo de ocio trabajaban sin contrato o se les obliga a realizar más horas de las estipuladas. Curiosamente, este informe policial realizado por el Grupo de Blanqueo se aparcó en los cajones durante meses y, tras su divulgación, se activó para concluir que no había indicios delictivos de carácter penal.
Además, se iniciaron seguimientos de comunicaciones telefónicas a Kiko Mestre y Blanca Pou, periodistas de Diario de Mallorca y de la agencia Europa Press, que habían informado del tema. Se les llegó a incautar sus teléfonos móviles. Esta acción generó una unánime condena de entidades periodísticas y medios de comunicación unánime condena de entidades periodísticas y medios de comunicacióny provocó una nueva acción judicial, al llevar los medios afectados el asunto a la Justicia.
La acción de la Justicia sobre sus negocios y actividades ha llevado a Cursach a emprender diversas acciones con el propósito de desacreditar a los profesionales encargados de la investigación judicial de su causa con la intención de conseguir que se anule. Este último informe de la policía allanaría el camino en este sentido.
En la investigación a Cursach se han apuntado, entre otras conductas delictivas, la compra de voluntades de políticos, funcionarios y policías para favorecer a sus negocios y perseguir a los de la competencia. Esta situación ha afectado al funcionamiento interno de los cuerpos policiales, generando recelos y un clima en ocasiones irrespirable. El Grupo de Blanqueo que investigó la actividad del empresario ha sido desmantelado.
El Tribunal Superior deberá decidir si abre una causa contra Penalva y Subirán, que son aforados. Ni el juez Florit ni el fiscal anticorrucpión Juan Carrau entran en el fondo de la cuestión, se limitan a dar curso de las sospechas policiales a instancias superiores. El magistrado seguirá instruyendo las diligencias contra cuatro exagentes de Blanqueo de Capitales, la unidad que investigó a Cursach y la trama corrupta de la Policía Local de Palma, a los que se les acusa de revelar extremos de la investigación y, en dos casos, de omisión del deber de perseguir delitos.
