15 de diciembre de 2018
15.12.2018
Ataque a la libertad de información

Cursach y Sbert buscan anular su macrocausa de corrupción cuestionando a sus investigadores

La pieza secreta que instruye el juez Florit y en la que se ordenó la requisa de los móviles de dos periodistas solo es por presunta revelación de secretos - Los dos principales acusados en la supuesta trama de corrupción alegarán vulneración de sus derechos constitucionales

14.12.2018 | 22:45
Bartolomé Cursach, en los juzgados de Vía Alemania (izquierda), y Bartolomé Sbert, cuando fue detenido por este caso.

El magnate del ocio en Mallorca Bartolomé Cursach y su antigua mano derecha Bartolomé Sbert, principales acusados en una presunta trama de corrupción política, empresarial y policial, buscan anular parte o toda la causa contra ellos con sus denuncias en las que afirman que se han producido revelaciones a la prensa, que han perjudicado gravemente a los dos investigados. El juez Miquel Florit, que el pasado martes ordenó la incautación de los teléfonos móviles y otros dispositivos de dos periodistas, abrió hace meses una investigación, tras la denuncia de unos abogados, que declaró secreta sobre presunta revelación de secretos para aclarar qué funcionario vinculado al caso ha podido informar a la prensa.

En medios jurídicos de Palma se ha especulado estos días con que esta pieza secreta versaría sobre otros delitos de mayor gravedad que la revelación de secretos, pero esta posibilidad ha sido negada por fuentes cercanas al caso.

Esta estrategia de Cursach y Sbert para anular la causa por violación de sus derechos no es nueva. Ambos, que están en libertad bajo fianza, presentaron hace meses al menos dos denuncias sobre publicaciones periodísticas de documentos del caso (informes, autos, providencias, etc.) o su contenido antes de su notificación a las partes. Florit encargó a dos miembros de la Policía Judicial que investigaran esas denuncias, un caso en el que los dos funcionarios se han dedicado con mucha intensidad. Estos funcionarios pidieron a Florit, entre otras diligencias, listas de llamadas telefónicas de Kiko Mestre, redactor de tribunales de Diario de Mallorca, y de Blanca Pou, periodista de Europa Press y habitual en la crónica judicial.

La intervención de los teléfonos de los dos periodistas fue propuesta por los policías, que ya estuvieron rastreando las llamadas de los dos informadores para confirmar que habían tenido contacto con algunos de los investigadores. Pese a que ninguno de los dos periodistas figuraba formalmente como investigados, la Policía solicitó al juez ampliar el periodo de rastreo de llamadas de ambos teléfonos, una medida inédita hasta ahora que fue acordada por Florit y apoyada por el fiscal Juan Carrau.

Con la medida acordada por el juez se pretende, a través del análisis de las llamadas telefónicas y conversaciones de whatsapp de los teléfonos de los periodistas, averiguar si han tenido algún tipo de contacto con algunos de los investigadores.

Ya hace algunas semanas que el Grupo de Blanqueo de la Policía que impulsó el caso Cursach, demostrando delitos de extrema gravedad, ya no existe. Los agentes que encabezaron esta compleja investigación han decidido buscar otros destinos. Unos lo hicieron por las presiones internas que procedían de la cúpula de la Jefatura de Policía y otros por el sentimiento de que sus propios compañeros les habían dejado solos y no recibían ningún apoyo ante las presiones que procedían del entorno de Cursach.

Estos policías han venido sufriendo desde hace meses una campaña de persecución, sobre todo a través de las redes sociales, impulsada por trabajadores del grupo Cursach, acusándoles de inventarse pruebas.

Los abogados quieren sentar en el banquillo a los investigadores que iniciaron la macrocausa de corrupción, el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes, para desmontar los grandes juicios que se avecinan contra Cursach y varios de sus directivos.

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