La ley balear de Cambio Climático ley balear de Cambio Climático que pondrá fin a la venta de nuevos coches diésel en Balears en 2025 y a los gasolina en 2035 quedará aprobada en las próximas semanas. Después de que la asociación nacional de fabricantes de la automoción (ANFAC) ya haya anunciado querecurrirá la norma ante Bruselas, la Comisión Europea avisa: "que haya unos objetivos comunitarios no es en ningún caso un obstáculo si alguien quiere ir más lejos. Si alguien quiere ir más allá de nuevos objetivos, fantástico".

Así se expresó ayer en Palma el representante de la Comisión Europea en Cataluña y Balears, Ferran Tarradellas, que, si bien evitó entrar al detalle y señaló que "tendrá que analizarse si va en línea con las políticas comunitarias", apuntó que "en principio, sin entrar en otras cuestiones, que alguien quiera ir más allá de los mínimos que establece la Unión Europea, no es un problema".

Lejos de cualquier crítica, en declaraciones a este diario, Tarradellas valoró positivamente las políticas del Govern en este sentido. "La ley de Cambio Climático, así como la ley de Residuos, nos parecen interesantes", apuntó. "Por ahora la impresión es que en las islas hay una política ambiental muy ambiciosa", aplaudió.

La ley balear de Cambio Climático, impulsada por el Govern y ahora pendiente de su aprobación en el Parlament planea la prohibición de la venta de nuevos vehículos diésel a partir de 2025 y de gasolina a partir de 2035, así como la sustitución de la energía térmica por eléctrica, con el objetivo de garantizar las cero emisiones en 2050 que marcan los Acuerdos de París asumidos por Bruselas.

Sin embargo, la semana pasada la Asociación Española de Fabricantes de Vehícluos y Camiones denunció ante la Comisión Europea el veto previsto en Balears por, según denunciaron, "vulnerar la libre circulación de personas dentro de España y en la Unión Europea".

El director de la representación de la Comisión en Cataluña y Balears estuvo ayer en Palma para informar en el Parlament sobre los próximos presupuestos de la Unión Europea. Precisamente, a lo largo de su intervención, Tarradellas, subrayó que entre los principales objetivos de las cuentas comunitarias para los próximos años está la reducción de emisiones así como la descarbonización. Según detalló, la previsión es que el acuerdo presupuestario no llegue hasta el próximo mes de octubre, lo que significa que ya no será el actual Parlamento Europeo el que cerrará las cuentas, que deben aprobarse en 2020 para estar en vigor entre 2021 y 2027.

Recorte del 5% a la PAC

Tarradellas recordó que con el brexit, sale de la Unión Europea un contribuyente neto al presupuesto, lo que supondrá, entre otras cosas, un recorte del 5 por ciento en los presupuestos de los política agraria común (PAC). Precisamente, este recorte mantiene en vilo a 5.000 agricultores a tiempo parcial del archipiélago. No obstante, según Tarradellas, con estos presupuestos, "los payeses tienen una oportunidad de beneficiarse de otros fondos, como son los estructurales".