Hacienda y la Policía no coinciden. La Agencia Tributaria ha presentado un informe, solicitado por el juez Miquel Florit, en el que rechaza que el empresario Bartolomé Cursach hubiera cometido un delito fiscal. Un dictamen que va en contra del informe presentado por la Policía, entregado en el juzgado el pasado verano, que señalaba que el empresario únicamente declaraba a Hacienda un tercio del dinero que ingresaba en sus locales de ocio y calculaba que el fraude fiscal superaba los 50 millones de euros, a lo que habría que añadir otros 14 millones por el impago de cuotas a la Seguridad Social de los empleados que trabajaban sin contrato.
El juez, ante estos dos informes contradictorios, ha decidido archivar la causa por delito fiscal, que hasta ahora se había mantenido bajo secreto, al no acreditarse que las empresas del Grupo Cursach hubieran cometido dicha infracción tributaria. El magistrado llega a calificar de "contundente y rotundo" el informe de la Agencia Tributaria y afirma que "contradice y desvirtúa las sospechas del informe policial en relación al delito contra la Hacienda Pública". Sin embargo, que no haya delito fiscal tampoco supone que no se hubieran cometido irregularidades tributarias. Por este motivo, el juez señala que la Agencia Tributaria tiene total libertad para llevar a cabo una inspección administrativa y sus inspectores pueden analizar a fondo las cuentas de las empresas del grupo de ocio. Si se comprueba que se ocultaron ingresos, Hacienda podría imponer una sanción económica a Cursach.
Pero esta causa, hasta ahora secreta, no queda archivada. El juez ha acordado que continúe con su tramitación, pero no por fraude fiscal, sino únicamente por delito contable, tal como solicitaba la fiscalía Anticorrupción. Este delito lo comete el empresario que desarrolla una doble contabilidad y falsifica los datos oficiales. Se castiga con pena de multa.
La conclusión que había alcanzado la Policía se basaba en un estudio de los ingresos que recaudaban los distintos locales de ocio de Cursach, con las cifras del dinero que se declaraba oficialmente. El primer dato se basaba en la recaudación que, casi a diario, una empresa de seguridad recogía de los negocios del empresario, que teóricamente, debía coincidir con el dinero que se declaraba como ingreso ante los responsables tributarios. Sin embargo, las cifras eran muy distantes. De hecho, los investigadores policiales afirmaban que solo se declaraba una tercera parte del dinero que se ingresaba. Una gran parte de la recaudación, además, se destinaba al pago en dinero B a los trabajadores del grupo de empresas.
Dinero B
Mientras que se descarta el delito fiscal, no ocurre lo mismo con el supuesto fraude a la Seguridad Social. La Policía aseguraba en su informe que el grupo de empresas tenía a muchos empleados sin contrato. Por ello, el juez pide a la Inspección de Trabajo que compruebe si es cierto que estos empleados no tenían contrato, o cobraban en dinero negro.
