La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional afirma en un informe enviado al juez Santiago Pedraz -instándole a procesar a la antigua cúpula de Sa Nostra, Pere Batle, Pau Dols y Rafael Oliver, y a los promotores Javier Collado y Martín Gual por apropiación indebida y administración desleal continuadas- que este último desvió dinero prestado por la Caja de Ahorros para urbanizar Son Bordoy a sus cuentas en Uruguay, donde también tenía negocios. Según Anticorrupción, las varias decenas de millones de euros que Sa Nostra (hoy Bankia) prestó a Martín Gual para construir viviendas en Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet, fueron desviados a otros fines y todavía, pese a los informes del Banco de España, la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil, se ignora el destino de una parte de ese dinero.
El informe de las fiscales Belén Dorremochea y Myriam Segura ha sido asumido por el magistrado Santiago Pedraz, que anteayer procesó a los arriba mencionados y sobreseyó la causa para otros 21 exmiembros del consejo de administración (comité ejecutivo) de Sa Nostra. Este documento sienta las bases de la futura acusación de la Fiscalía contra la cúpula de la entidad y los dos empresarios, máximos gestores del Grupo Martín Gual (GMG). Los hechos objeto de acusación ocurrieron entre 2005 y 2011.
Poco fiables y con gran riesgo
Martín Gual, que ya había hecho operaciones inmobiliarias con la Caja dependiente del Govern, fue fichado por la cúpula de la entidad como mirlo blanco para salvar la inversión de Son Bordoy. El anterior promotor había fracasado y estaba a punto de dejar a Sa Nostra un agujero millonario que habría hecho peligrar su viabilidad.
De acuerdo con la fiscalía, Batle, Dols y Oliver se pusieron en contacto con Gual para ofrecerle Son Bordoy y pedirle ayuda, antes de que el consejo de administración adoptara ese acuerdo.
Esa oferta se hizo "a pesar de que algunos informes de riesgos que daban cuenta de esas operaciones eran contrarios a las mismas, al entender que no eran operaciones fiables y que implicaban un enorme riesgo de impago", argumentan las fiscales.
"Además el dinero (de Sa Nostra) que iba a ser destinado para el desarrollo urbanístico de los terrenos no fue utilizado para ese fin, dado que los terrenos no se desarrollaron urbanísticamente ni en el plazo previsto", prosigue anticorrupción.
La instrucción de la Audiencia Nacional ha permitido acreditar "que las cantidades recibidas (por GMG) fueron transferidas de unas cuentas a otras, estando algunas de esas cuentas fuera del territorio nacional, llegando algunas cantidades a ser depositadas en cuentas que Martín Gual tiene en Uruguay, sin que se sepa el destino que se ha dado a una parte del dinero concedido".
A Batle, Dols y Oliver, que fue consejero delegado de Invernostra, la filial inmobiliaria de Sa Nostra implicada también en el caso, la fiscalía les imputa el participar de "forma activa" y emitir "opiniones fundamentales" para convencer al resto del consejo de Administración de las bondades de la operación con Martín Gual, que ha sido perjudicial para la Caja de Ahorros.
Las fiscales calculan que las operaciones supuestamente delictivas han causado a Sa Nostra un mínimo de 78,25 millones de euros en pérdidas, aunque en el sumario otros informes elevan el agujero a más de 100 millones de euros.
No fue una simple falta
"De la instrucción resulta que, lo que inicialmente podría apreciarse como una falta de diligencia por parte de los órganos de administración de la Caja de Ahorros (la cúpula), constituye una serie de decisiones injustificadamente arriesgadas coetáneas a la inacción ante la operativa llevada a cabo por Martín Gual (el desvío de fondos)", apunta el escrito sobre la administración desleal.
Sobre los 21 exmiembros del consejo de administración que finalmente han sido exculpados, el informe proclama que "el voto favorable (a los préstamos para Martín Gual) en alguna de las sesiones no es por sí solo suficiente en sede penal para fundamentar la comisión de delito, teniendo en cuenta que la investigación conduce a la conclusión de que hubo una serie de actuaciones previas a las decisiones orgánicas y que incluso en estas hubo una intervención revelante de algunos directivos de la entidad (la cúpula)".
Martín Gual, defendido por Pedro Horrach, pidió hace unos meses a Santiago Pedraz que archivara la causa para él, algo desestimado el lunes por el instructor.
Dorremochea y Segura analizan en su informe los argumentos del empresario y los rechazan.
Básicamente Gual sostiene que él podía disponer libremente de toda la financiación que Sa Nostra le concedió para Son Bordoy y las otras urbanizaciones.
El promotor también contradice el informe de los inspectores del Banco de España donde se cuantifican en decenas de millones los fondos desviados. Según Gual, 16,8 millones fueron dedicados "al pago de intereses, comisiones y amortización de la deuda bancaria". El promotor alega que, pese a que las obras de urbanización de Son Bordoy nunca se empezaron, hubo gastos de 5,4 millones de euros para gestionar esa urbanización. Martín Gual se defiende también acusando al Ayuntamiento de Palma de provocar en el proyecto "continuos e inesperados retrasos".
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