El juzgado de instrucción 2 de Palma ha abierto diligencias contra Martín Gual, propietario del Grupo empresarial que lleva su nombre y uno de los principales imputados en el caso Sa Nostra, el presunto agujero de 130 millones de euros en dicha caja de ahorros, por un supuesto delito fiscal.
La abogacía del Estado acusa a Gual, defendido por Pedro Horrach, de una defraudación fiscal de más de 400.000 euros en su declaración de la renta (IRPF) de 2012.
Martín Gual ya estaba siendo investigando por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el supuesto desvío de decenas de millones de euros que Sa Nostra invirtió en sus empresas para que urbanizara las fincas de Son Bordoy (en Palma), Son Morlà y Son Morlanet.
Según la fiscalía anticorrupción, estas operaciones se hicieron por parte de la cúpula de la desaparecida caja con omisión de los deberes de gestión, lo que causó un elevado perjuicio patrimonial a la entidad y propició que decenas de millones se desviasen a fines distintos al objeto de los préstamos.
Lista Falciani
El nombre de Martín Gual salió a relucir en 2014 por su inclusión en la llamada lista Falciani, una relación de españoles con cuentas supuestamente ocultas al Fisco en la entidad financiera. Según la lista de presuntos defraudadores tributarios, el empresario mallorquín abrió una cuenta bancaria en la entidad HSBC de la ciudad de Ginebra. Esta operación data del año 2000. Seis años después la cuenta acumulaba un total de 236.000 dólares.
Ahora la abogacía del Estado, en representación de Hacienda, ha denunciado al constructor mallorquín por haber dejado de pagar al erario público más de 400.000 euros en su declaración de la renta de 2012.
Gual todavía no ha dado su versión sobre los hechos y está a la espera de ser citado en calidad de investigado por la jueza María Pérez.
Esta nueva causa contra el empresario se ha cruzado con el caso Sa Nostra, ya que la Audiencia Nacional ha remitido al juzgado de instrucción 2 de Palma información sobre una de las comisiones rogatorias enviadas a Suiza para recabar datos de los delitos cometidos en torno a la caja de ahorros y la declaración de un testigo.
Comisión rogatoria
Las autoridades suizas ratificaron, hace algunas semanas, a la Audiencia Nacional, y mediante una comisión rogatoria, uno de los supuestos desvíos de fondos investigados en el caso Sa Nostra, un sumario por delitos societarios, blanqueo de capitales y apropiación indebida que afecta a la excúpula de la desaparecida caja y a varios empresarios. Según la fiscalía suiza, el banco HSBC Private Bank, ingresó en la cuenta de una empresa radicada en las islas Madeira (Portugal) casi 2 millones de euros procedentes de la empresa Construcciones d'Or S.A., que el ministerio fiscal española vincula con el grupo del constructor Martín Gual.
La fiscalía anticorrupción sostiene en sus denuncias por este caso que el Grupo Martín Gual (GMG) habría desviado a cuentas en el extranjero y en España varios millones de euros, prestados por Sa Nostra para que llevara a buen puerto una serie de operaciones inmobiliarias en Mallorca, Valencia y Andalucía, que estaban empantanadas y en las que habían fracasado otros promotores.
La Audiencia Nacional ha enviado comisiones rogatorias a Suiza y Portugal para tratar de esclarecer esos importantes movimientos de fondos. Suiza contestó a una de esas peticiones de cooperación judicial internacional y certificó que el 26 de marzo del 2007 se recibió en la cuenta que la empresa Hamadrias Gestao e Comercio LOA, radicada en Madeira, tenía abierta en el HSBC una transferencia de poco menos de 1,9 millones de euros.
El dinero procedía de la empresa española Construcciones d'Or S.A. , a través del Credit Suisse de Zúrich.
Según anticorrupción, Construcciones d'Or y otras empresas del Grupo Martín Gual tenían cuentas en Sa Nostra y otras entidades y recibieron préstamos de esa caja de ahorros. También de depósitos de esas sociedades salieron fondos al extranjero a cuentas de las entidades portuguesas Hamadrias Gestao e Comercio y Cape Horn Investments abiertas en Suiza y Portugal, movimientos que ahora se trata de reconstruir.
Delitos prescritos
Pedro Horrach, abogado del constructor, manifestó hace unas semanas que su representado no cometió irregularidad alguna, pero apostilló que, en todo caso, los delitos imputados por la fiscalía habrían prescrito.
Por otro lado, tres miembros de la cúpula de Banco Mare Nostrum (BMN), la entidad que absorbió a Sa Nostra rechazaron, ante el juez Santiago Pedraz, la existencia de delitos de desvío de fondos o blanqueo de capitales en una serie de operaciones inmobiliarias de la desaparecida caja de ahorros balear y que causaron un descuadre de unos 130 millones de euros. Los declarantes, entre los que destacó el presidente de BMN Carlos Egea, atribuyeron el fracaso de las inversiones a la crisis.
