El caso de supuestos malos tratos, injurias, vejaciones, coacciones y desvío de subvenciones del Govern en un piso para mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos, regentado por dos dirigentes de la Federación Balear de Asociaciones de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, se desinfló ayer al retirarse los principales cargos contra ambos acusados. No obstante, Alberto H.P. y Amantine N.G., serán juzgados el próximo 26 de febrero acusados de presunto delito contra los derechos de los trabajadores y una estafa al Govern, que éste no contempla.
El Govern balear, según explicó ayer su abogada María Ángeles Berrocal en una vista previa ante la Audiencia, reclama 28.000 euros, por la vía administrativa, a los dos responsables del piso de acogida, que fue regentado por la citada Federación de Asociaciones entre 2009 y 2010 en virtud de un convenio con la conselleria de Asuntos Sociales.
El Govern, que durante la instrucción del caso ejerció la acusación particular, pidió a la sala segunda de la Audiencia no estar presente en el juicio, al estimar que los hechos no son constitutivos de malversación de caudales o fraude a la Administración en subvenciones, al no haberse justificado por los dos acusados el destino de ayudas publicas superiores a 120.000 euros en un año.
Berrocal explicó al tribunal que se abrió un expediente administrativo de reintegro y que se reclama a los dos responsables de la entidad 28.000 euros.
Por su parte, Pablo Alonso del Caso, acusador particular en nombre de tres trabajadoras del piso de acogida (entre ellas una psicóloga y una asistente social) retiró ayer cuatro de los delitos que imputaba a los acusados: coacciones, exhibicionismo ante menores, injurias y malversación.
Malos tratos
Inicialmente los encausados estaban acusados de malos tratos a las mujeres que vivían en el piso con sus hijos menores, pero estos y otros cargos fueron retirados.
La acusación particular mantendrá así en la vista un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que solicita 6 meses de cárcel, mientras que el fiscal Miguel Ángel Subirán les acusará de estafar 99.586 euros en subvenciones al Govern, algo que este no comparte. Alberto H. y Amantine N. venían acusados de obligar a las acogidas y sus niños a abandonar el piso a las 8 de la mañana para desarrollar allí otras actividades. También se les imputaba el proporcionar una alimentación escasa a las residentes, de obligarlas a recoger trastos por la calle para luego revenderlos y comprar alimentos y de insultarlas, diciéndoles que nos les extrañaba que sus parejas les pegasen.La Federación, en el Tribunal de Mediación y Arbitraje, aceptó indemnizar a las trabajadoras. Ayer, Pablo Alonso del Caso señaló que la entidad no pagó ni un euro y que parte de las indemnizaciones las abonó el Fondo de Garantía Salarial.
