Si coméis del árbol del REB y del mal, seréis como Canarias. La propuesta de un nuevo Régimen Especial de Balears que subsane las desventajas de la insularidad, y que fue enterrado sin pamplinas por la ministra de Hacienda, contiene hasta quince menciones al archipiélago canario. En todo los casos, se trata de igualar los privilegios de que disfrutan las islas situadas en el Atlántico, con el tratamiento de región ultraperiférica de la Unión Europea. Entre las siete entidades encuadradas bajo esta denominación no pacífica destacan Azores, Martinica o la Guayana francesa. Ninguna isla del ámbito mediterráneo goza de dicho status, pero el artículo 138 de la Constitución establece que la "solidaridad" interregional atenderá "en particular a las circunstancias del hecho insular".
Desde que Camps incorporó al Estatuto valenciano de autonomía una cláusula que le garantizaba todas las prerrogativas aprobadas en futuros estatutos de otras comunidades, con la diana puesta en Cataluña, no se había visto nada igual. Si se tiene en cuenta que el REB extraviado por los diferentes ministerios madrileños consta de 23 "medidas", las quince menciones a la normativa canaria constituyen un instinto de emulación del archipiélago atlántico casi sonrojante.
Aunque la enumeración de las menciones al archipiélago atlántico bordea lo escandaloso, los redactores de las propuestas salidas de Mallorca no olvidaron destacar entre los Principios Rectores del REB un eslogan con vocación comercial, "LAS MEDIDAS SOBRE INSULARIDAD QUE SON BUENAS PARA CANARIAS, TAMBIÉN LO SON PARA LAS ILLES BALEARS". Todo en mayúsculas en el original. Camps palidecería de envidia ante la potencia de este estribillo igualatorio.
Si queréis ser Canarias, empezad por votar a Coalición Canaria, el partido que logró que Mariano Rajoy no solo blindara las sucesivas concesiones a dicha comunidad, sino que detallara desde el Congreso las mejoras en carreteras concretas con precisión de GPS. En el mismo debate sobre el Estado de la Nación en que desmenuzó sus aportaciones a una región para recabar sus votos nacionalistas, el penúltimo presidente del gobierno no logró efectuar ni una sola mención a Balears.
Debilidad
El Govern carece de una palanca para hacerse valer en Madrid, una debilidad plasmada en las estériles negociaciones consecutivas con el popular Cristóbal Montoro y con la socialista María Jesús Montero. Los residuos del bipartidismo solo arriesgan dos diputados por bando en unas generales, dentro del territorio REB.
Los 400 millones concedidos a Francesc Antich cuando Zapatero se creía el hombre más rico del mundo fueron un espejismo, cancelado sin contemplaciones por Rajoy. Aquel diluvio de millones fue tan apabullante que uno de los encargados de gestionarlo reconoce abiertamente que "no supimos cómo gastarlos".
El REB es un pozo sin Fondo, de nuevo en mayúsculas. Madrid confundió el Fondo de Insularidad con un Fondo de Insolidaridad, y este trabalenguas excavó la tumba donde se enterraron las propuestas selladas en Mallorca a mediados del año pasado. La filosofía de esta asignación económica pretende paliar el déficit en inversiones estatales. Por lo que respecta a "la dotación", según el documento elevado a Madrid para su incineración, en ningún caso "puede ser inferior a 400 millones de euros anuales".
El Govern nunca había expresado la posibilidad de que sus 23 propuestas no fueran aceptadas íntegramente por el Gobierno. En su discurso sacramental del Estado de la Autonomía, la presidenta balear aludió a "la recta final de las negociaciones", sin rebajar ninguna expectativa. La cifra de 400 millones se consideraba particularmente inamovible, y también fue garantizada por Armengol en el Parlament, después de haberla saboreado excepcionalmente antes del fiasco de Rajoy. Una visión suave del desencuentro se detendría en matizaciones sobre la cantidad total. Sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones reseñan que la obstrucción de Montero "es una cuestión de concepto", una enmienda a la totalidad. A saber, Hacienda rechaza el Fondo de Insularidad por principio, sin entrar a debatir la bolsa total. La obstinación ni siquiera se amortigua al observar una cláusula timorata de los redactores de la propuesta de REB, cuando destacan que "la dotación del Fondo se tendría que llevar a cabo a partir del año siguiente de la entrada en vigor de la Ley reguladora", participando así del vicio procrastinador de numerosas medidas del ejecutivo balear, que solo se activarán en décadas futuras. El rechazo en el ministerio que redacta las cuentas se amortigua en otros departamentos.
El tono general de las obsesivas invocaciones a Canarias del REB viene reflejado en la tercera de ellas, al establecer que en las tasas y tarifas portuarias y aeroportuarias "serán de aplicación las mismas bonificaciones y reducciones que las que se establezcan para el archipiélago canario". La cuantía "de las compensaciones al transporte no podrá ser inferior a la aprobada para el archipiélago canario". En otras ocasiones se recurre a una comparación descarnada. Por ejemplo, al destacar que el 94 por ciento de una subvención "se destinó a las Islas Canarias", en tanto que Balears tuvo que conformarse con un escuálido "seis por ciento de la partida". Las referencias bordean el reproche, véanse "en las Balears solo se subvenciona el flete, mientras que el sistema aplicado a Canarias...". , "como ya se ha hecho en las Islas Canarias" o "al contrario de la normativa reguladora canaria".
Las propuestas grandilocuentes del REB, medidas en centenares de millones, comparten documento con pretensiones más peregrinas. Por ejemplo, la aspiración romántica a la "desclasificación como puertos de interés general de los puertos del Molinar y del Portixol", que implicaría el traspaso de competencias de ambas instalaciones a la comunidad. Frente la liberación de porciones minúsculas del litoral, en el panorama de las iniciativas inalcanzables sobresale la "cogestión aeroportuaria", articulada mediante la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Balears equivalente a la APB o Autoridad Portuaria. Ningún indicio apunta a que Madrid vaya a desprenderse del negocio aéreo en dos de sus escasos aeropuertos rentables, Son Sant Joan y Eivissa. De hecho, esta sexta medida parece redactada con prevención, como si los tecnicismos no pudieran sobreponerse a la convicción de una aspiración quimérica.
La hostilidad de los guardianes de los números en Madrid se calibra mejor desgranando millones en lugar de propuestas. A este respecto, el fundamento académico del REB a la canaria reposa sobre un estudio efectuado por la Universitat de les Illes Balears en 2014. El perjuicio económico medio estimado por la UIB en todas las facetas mercantiles, de transporte y de afectación individual asciende a 7.500 millones de euros, con una valoración máxima que rozaría los diez mil. La negativa expresa a un Fondo de 400 millones precinta la viabilidad de las restantes medidas. Además, cada comunidad dispone de argumentos a menudo antagónicos para solicitar un refuerzo de sus asignaciones. Las reclamaciones pueden basarse indistintamente en el gran o pequeño tamaño de la región, en su saturación demográfica o su despoblación, en la juventud o la elevada edad de sus habitantes, en la concentración o dispersión de sus ciudadanos.
La reacción social al anunciarse la extinción del REB demuestra que equivale a un auténtico Estatuto de Autonomía fiscal, que mide el ascenso de Balears a la categoría federal o confederal, junto a Euskadi, Cataluña, Canarias, Navarra o el País Vasco. La efervescencia catalana cuando Madrid desfiguró el Estatut ejemplifica el peso en autoestima que comporta la amputación. Sin votación referendaria de por medio, el REB acarició la unanimidad del archipiélago emisor, lo cual acentúa la violencia del rechazo posterior.
