La desolación se ha adueñado de las áreas económicas del ejecutivo regional. El Gobierno de Pedro Sánchez ha enterrado el REB o Régimen Especial de Balears, propuesto por el Govern de Francina Armengol y consistente en un recetario de medidas de índole preferentemente fiscal. La identidad socialista de ambos gabinetes no ha favorecido el acuerdo, en contra de lo que avanzaba la consellera Pilar Costa tras la moción de censura de junio.

En estos momentos, el REB está muerto, y el Govern descarta incluso la posibilidad de un renacimiento de la esperanza en un catálogo de medidas singularizadas. El ministerio de Hacienda de la andaluza María Jesús Montero ha ejercido de ariete, para plasmar la negativa del Gobierno a que Balears acceda a un trato beneficioso que ya había sido arduamente negociado en la era de Rajoy.

Pese al mazazo que supone la decisión de Moncloa de desactivar el REB, el Govern disponía de indicios que apuntaban al pesimismo. Inmediatamente después de tomar posesión, Montero ya manifestó su oposición a un trato que consideraba privilegiado hacia cualquier autonomía. La ministra se expresó sin reparos al respecto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por si el mensaje genérico no fuera explícito, Montero también transmitió directamente al Govern su oposición a un trato singularizado, esencia de las medidas económicas contempladas en el REB. En sus comparecencias públicas, los miembros del ejecutivo autonómico habían mantenido la débil llama de la esperanza. La consellera Cati Cladera, que ha liderado las negociaciones con el ministerio en Madrid, respondió con un enigmático "queda legislatura" al diputado popular Antoni Camps, escéptico en el Parlament sobre la materialización del Régimen Especial.

Sin embargo, el golpe definitivo fue asestado este mes de octubre, poco después de que Armengol se comprometiera a un desenlace inminente y positivo en el debate anual sobre el estado de la autonomía. Una reunión de los negociadores por parte de ambos ejecutivos extendió el certificado de defunción del REB, que los implicados consideran definitiva.

Aparte de los argumentos de homogeneidad que celebra la ministra Montero específicamente, personas próximas a las negociaciones destacan su escasa sensibilidad hacia Balears. La antigua responsable económica del gabinete de Susana Díaz comparte el distanciamiento hacia los problemas añadidos de la insularidad que caracteriza a la clase política estatal. Los diputados mallorquines de todas las tendencias coinciden en que Madrid ve a Mallorca como una zona intrínsecamente rica, y que no precisa de determinaciones favorables.

Al margen de los argumentos técnicos, subyace la impresión de que Montero sigue operando con el clisé de que Andalucía es la auténtica comunidad desfavorecida en el concierto estatal. La hostilidad del Gobierno central podría ser incluso rentable políticamente para el Govern de PSOE y Més, en el caso de que La Moncloa continuara en manos del PP. Cuesta más explicar la divergencia entre instituciones del mismo color político. Ni la proximidad de las autonómicas ha ablandado la determinación del ministerio.

Por todo ello, la negativa de Madrid a tramitar el REB en su concepción inicial obliga al Govern a un esfuerzo adicional de comunicación, ante lo que el ejecutivo balear considera una agresión injustificada. Con independencia de los partidos gobernantes en La Moncloa y el Consolat, cada cambio obliga a reiniciar las pretensiones de un Régimen Especial.