El parque fotovoltaico de Santa Cirga, uno de los más ambiciosos de Mallorca con 56 hectáreas y 50 megavatios proyectados, se halla en entredicho porque ha topado con la oposición de los dueños de la finca de Manacor. Los descendientes del banquero Juan March Ordinas que controlan la sociedad propietaria de los terrenos, Agrogestión S.A., se han conjurado ante notario para impedir la explotación energética. Así consta en documentos a los que ha tenido acceso este diario.
En junio de este año, los dos copropietarios de Santa Cirga se dirigieron a un notario madrileño, el cual levantó acta de que "se comprometen a no implantar una instalación fotovolatica sobre la Finca Santa Sirga y sobre la Finca Son Crespí Nou". Este acuerdo obliga a Leonor March Cencillo, nieta del financiero a través de Bartolomé March Servera, y a su nieto Álvaro Chico de Guzmán Boyer, tataranieto de Juan March.
El documento notarial, que recoge la voluntad firme de los propietarios de Santa Cirga, establece que la oposición al parque fotovoltaico solo podría ser reversible "con el acuerdo unánime" de los dos accionistas. Leonor March y Álvaro Chico de Guzmán, nieto a su vez del Duque de Ahumada, se reparten los terrenos prácticamente al cincuenta por ciento, aunque la abuela ejerce de administradora única de Agrogestión S.A.
Extracto del acta con el compromiso de no implantar un parque fotovoltaico.
Situado entre Manacor y Porto Cristo, el parque de Santa Cirga tenía que haberse montado a principios de enerotenía que haberse montado a principios de enero. Así lo habían manifestado sus directivos hace un año, cuando solo necesitaban la declaración de utilidad pública del Consell de Govern y acudir a la subasta de ayudas estatales. Sin embargo, a fecha de hoy no se han iniciado los trabajos de instalación de los módulos ni ningún otro acondicionamiento previo, según la propiedad. El proyecto experimentó recortes que lo redujeron a la mitad desde las cien hectáreas proyectadas, en su accidentado trayecto por las instituciones autonómicas.
Los descendientes de los March sostienen que su visita al notario también sirvió para dar cuenta de la cancelación del contrato de arrendamiento con la explotadora del parque, KS Management. Sin embargo, la sociedad de matriz alemana aseguraba que en 2016 se había garantizado hasta 25 años de alquiler con prórrogas. Siempre según el acuerdo notarial, dicho contrato se entiende resuelto por incumplimiento a principios de 2017. A finales de dicho ejercicio, los representantes del parque fotovoltaico mantenían sus expectativas ante la prensa.
La reconversión de Santa Cirga había movilizado en su contra a los ecologistas. Según fuentes de la propiedad, los argumentos conservacionistas no son ajenos al cambio de orientación de unas fincas "que pierden su identidad si se cubren con el equivalente a cincuenta estadios de fútbol de placas". El Consell y el Govern han mantenido una cuidada ambigüedad hacia los parques, que promueven en aras de favorecer las energías alternativas.
Los herederos de Juan March a través de su segundo hijo han disfrutado históricamente de largas estancias en las fincas de Manacor, con dos valiosas residencias en Santa Cirga y Son Crespí. Al margen del romanticismo de la recuperación de los terrenos para la actividad primaria, no descartan modalidades más amables de explotación del territorio, vinculadas al turismo. La instalación del parque había sido contemplada como un contratiempo por otros ilustres vecinos de la zona no directamente afectados. Entre ellos se cuentan descendientes del expresident Gabriel Cañellas.
