La conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern balear ha informado hoy de que el Consell de Govern ha aprobado la declaración de utilidad pública de la instalación del Parque Fotovoltaico del Cap Blanc, en el municipio de Llucmajor, de 42 megavatios (MW) de potencia.
Esta declaración “es el último paso de la Administración autonómica en la materialización del parque, que ahora estará pendiente de la autorización de la conexión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica”, señala la propia Conselleria.
Cabe explicar que dicho parque del Cap Blanc “supondrá sumar la mitad de la potencia instalada actualmente en Balears, que es de 80 MW, y con esta incorporación pasará a ser demás de 120 MW”. Paralelamente, el Ejecutivo autonómico resalta que “hay que tener en cuenta que se están tramitando otros parques fotovoltaicos, de los que catorce son de pequeñas dimensiones”. Principalmente los megaparques son los que generan controversia. En este sentido, el del Cap Blanc (en plena Marina de Llucmajor) y el de Santa Cirga (Manacor), son iniciativas en el punto de mira por parte de vecinos, ecologistas, asociaciones y colectivos diversos, que durante los últimos años han tachado de "desproporcionados", "impactantes" y "perjudiciales" los proyectos.
La declaración de utilidad pública "queda condicionada a la obtención de la autorización administrativa y a la aprobación del proyecto de ejecución, en que tendrá que integrar de forma efectiva la actividad agraria e incluir todas las prescripciones indicadas en la declaración de impacto ambiental y en los informes de las administraciones consultadas", apunta la Conselleria.
El Parque Fotovoltaico del Cap Blanc "tiene el visto bueno de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que informó de que está correctamente integrado en el entorno". El interés energético del proyecto "queda justificado por el informe técnico de la Dirección General de Energía y Cambio Climático de 10 de julio de 2018 y por los acuerdos tomados por el Consejo de la Energía, en que se justifica la necesidad de implantar fuentes de energía renovable para cumplir los compromisos para la lucha contra el cambio climático".
El Govern de les Illes Balears "apuesta por un cambio de modelo energético que tiene que permitir pasar del 2,5 % de renovables actual al 35 % en el año 2030 y al 100 % en el año 2050". Para alcanzar este objetivo, "se prevé un avance importante de las energías renovables, que se tienen que instalar prioritariamente en suelo urbano". En este sentido, el Govern "ha impulsado varias medidas, como la obligatoriedad de instalar placas solares en todos los aparcamientos de más de 1.000 m2 y en nuevos edificios de más 1.000 m2, incluido en la futura ley de cambio climático de las Illes Balears, o la inversión de más de 5 millones de euros en ayudas para administraciones locales, empresas y particulares para instalar sistemas de energías renovables".
