n El PP balear tiene que devolver los 153.000 de subvención electoral en 2007 cobrados irregularmente. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desestima la suspensión cautelar solicitada por los populares contra la reclamación del Govern de los 153.000 euros que ingresaron de más en la campaña electoral de 2007, una vez confirmada por la justicia la financiación ilegal del partido. El tribunal le recuerda al PP que "existe una sentencia penal" sobre la contabilidad irregular de la que "obviamente es el partido el beneficiario".
El Govern reclama al PP balear 153.000 euros ingresados de manera irregular para la campaña electoral de 2007, más intereses hasta los 212.941 euros. Después de revisar la subvención, el actual Ejecutivo de Francina Armengol decidió modificar el acuerdo por el que se concedió la ayuda para que los populares devuelvan la cantidad que percibieron de más a la luz de la contabilidad B confirmada en sentencias judiciales. Esta modificación está recurrida desde entonces por el PP, que había solicitado la suspensión cautelar de la devolución del dinero.
En un auto del pasado día 9, el TSJB desestima la solicitud del PP, argumentando que la suspensión cautelar se dicta para que "no resulten irreparables las consecuencias" del proceso y que "los intereses generales que buscan la protección y reintegro de las cantidades públicas indebidamente cobradas prevalecen sobre los particulares del partido, que además no ha justificado un quebranto grave e irreparable por la restitución de la suma exigida".
El tribunal, en uno de sus argumentos, recuerda además al PP que "existe una sentencia penal" sobre la financiación ilegal del partido en la campaña electoral de 2007 y que "obviamente el partido es el beneficiario. De este modo, deja para cuando dicte sentencia la valoración sobre los argumentos del PP sobre si procedía la revisión.
Sindicatura de Cuentas
Después de cruzar la contabilidad oficial y los gastos irregulares puestos a la luz por la justicia y atendiendo las vulneraciones de la ley electoral, la Sindicatura de Cuentas cifró en 153.000 euros la cantidad cobrada indebidamente a raíz de las sentencias del caso Scala, conocido por la icónica imagen del desentierro de una lata de Cola-Cao del jardín de la exalto cargo popular Antònia Ordinas, y la de la financiación ilegal del partido confesada por el cuñado de Matas y extesorero del partido Fernando Areal. Fue a partir de ahí que el Govern inició el trámite para recuperar el dinero.
