El pasado martes el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, firmó de su puño y letra el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de la polémica autovía Llucmajor-Campos, la UTE Aglomerados Mallorca-Copisa. Ello significa que la constructora tiene todas las bendiciones para ponerse a trabajar en la construcción de la carretera, pese a las protestas ecologistas.
Ensenyat dio el beneplácito a la obra auque en su propio partido hay reticencias a la construcción del desdoblamiento, principalmente por la afinidad de Més con las entidades ecologistas. El diputado nacionalista y portavoz de Més en el Parlament, Josep Ferrà, reconoció la pasada semana que se "sentían incómodos" con el proyecto. De igual modo, desde Podemos siempre han mostrado reticencias a grandes proyectos viarios.
Hoy en Felanitx tiene lugar una concentración de los contrarios a la autovía, mientras que en Campos se reúnen los favorables al desdoblamiento. Pese a la gran polémica generada, el Consell no piensa retroceder ni un ápice y quiere que las obras se inicien cuando antes. Al respecto se ha pronunciado hoy la responsable de Territorio y Carreteras del Consell, Mercedes Garrido, quien ha asegurado que "respetamos todas las opiniones, pero el desdoblamiento se hará porque es un proyecto aprobado por unanimidad en el Consell e incluido en el pacto de gobernabilidad". Garrido ha añadido que a ella no le costa "la incomodidad de Més" y ha recordado que el impacto del proyecto se ha reducido de forma abismal con respecto al que había en tiempos del PP.
