Ni el laberinto burocrático diseñado para solicitar una plaza turística disuade a los propietarios de querer alquilar sus viviendas a turistas. Dos mil plazas solicitadas en una semana y eso que los interesados debían pasar el lunes todavía por su ayuntamiento. En un cálculo rápido, hablamos de 300 plazas solicitadas por día. ¿Muchas? A falta de despejarse cuántos son quienes hay detrás de esas solicitudes, presumiblemente son más que quienes se manifestaron contra el turismo en Son Sant Joan, si sirve de referencia. El Pi los contará en las urnas.
Los esfuerzos del Govern por torpedear una actividad que ha pasado en tres años de verse como la panacea del reparto de la riqueza del turismo a su peor versión, resultan inútiles. Ni la prohibición en Palma está sirviendo para bajar los alquileres. Ni las zancadillas al alquiler turístico animan todavía a muchos propietarios de la isla a poner sus viviendas en el mercado del alquiler residencial. Y quizás sea en esta abandonada otra cara de la moneda dónde se explique que, a pesar de todo, quien hoy en día posee un piso prefiera seguir apostando por los turistas.
Quizás sea porque el alquiler a residentes fuera de la burbuja sigue sin ser rentable o cómodo. Y no hablamos sólo en términos de estricta rentabilidad económica. El IRPF, el IBI, la tasa de residuos, la cuota de la comunidad de vecinos, el mantenimiento, la inseguridad por posibles impagos o el riesgo de acabar con okupas, con la única compensación en toda la legislatura de una reducción al coste de un seguro de arrendamiento.
A la vista de las solicitudes de plazas, será necesario algo más que PIATs, DRIATs y otros laberintos para que la vivienda vuelva a destinarse al uso para el que en su día fue pensada.
