11 de julio de 2018
11.07.2018
Transparencia

El PP pide la comparecencia de Cladera por beneficiarse de una reforma funcionarial

La consellera abre el acceso a dos plazas de interventor al cuerpo de auditores de la Sindicatura al que ella pertenece

10.07.2018 | 22:43
La consellera Cladera en una comparecencia en el Parlament.
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, deberá dar explicaciones sobre la modificación en los requisitos de acceso a una plaza funcionarial del Govern de la que ella es una de las pocas beneficiadas. El PP denuncia que la consellera vulneró el código ético del Ejecutivo con una decisión en la que había un conflicto de intereses y ayer solicitó su comparecencia urgente en el Parlament.

El Govern aprobó el pasado mes de junio abrir el acceso a dos nuevas plazas como interventor de la comunidad a los auditores de la Sindicatura de Cuentas, un perfil que, según denunció ayer la portavoz del Partido Popular, Marga Prohens, sólo cumplen la propia consellera Cladera; la nueva delegada del Gobierno, Rosario Sánchez; y "tres o cuatro personas más". La decisión se aprobó en el Consell de Govern del pasado 8 de junio en el que participó Cladera, por lo que el PP entiende que la titular de Hacienda incumplió el código ético del Govern.

"Había un conflicto de intereses y la consellera debería haberse abstenido al beneficiar a su persona", explicó ayer Prohens, a la vez que anunció que "después de varios días estudiando el caso" han decidido solicitar su comparecencia urgente en el Parlament. Una comparecencia que podría tener lugar en las próximas semanas, pero que podría demorarse hasta finales de septiembre, en función de la mesa del Parlament.

"La consellera amplía las funciones de su propia plaza como auditora de la Sindicatura de Cuentas y se crea una plaza a dedo", resumió Prohens la modificación de los requisitos para el acceso a las nuevas plazas de intervención, que interpretó diciendo que "piensan ya en la próxima legislatura y en dónde estarán y no en el cargo que ocupan". "Nos parecen unos hechos gravísimos", valoró la portavoz popularn que, precisamente, señaló que "basta pensar en lo que dirían si esto lo hubiera hecho alguien del PP".

"¿Por qué lo consiente Més?"


"El código del Govern en su punto 1.2 habla de conflicto de interés y dice que cuando confluyan intereses del cargo público con intereses personales hay un conflicto de intereses y que debería abstenerse el responsable de la decisión política y que la inhibición debe hacerse por escrito", detalló, para criticar que "ya sabemos que el código ético sirve de poca cosa, pero nos sorprende que sus socios de Més estén callados cuando han tenido que dimitir cinco cargos". "¿Por qué lo consiente Més?", acabó preguntándose Prohens.

Desde la Conselleria de Hacienda respondieron a la denuncia del Partido Popular explicando que se ha abierto a auditores de la Sindicatura las nuevas plazas de intervención después de que las dos primeras convocatorias de noviembre y diciembre quedaran desiertas y de que el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Balears comunicara que ninguno de sus colegiados estaba interesado. Por ello, el 28 de mayo se acordó, en mesa sectorial con la abstención de los sindicatos, modificar la relación de puestos de trabajo para abrir las plazas a auditores de la Sindicatura y a los secretarios de intervención, lo que equivale bajar un escalón la categoría profesional para las plazas.

Además, desde Hacienda recuerdan que se trata de una comisión de servicios y que por lo tanto no se trata de una plaza en propiedad, sino que más adelante deberían convocarse unas oposiciones.

Segunda comparecencia solicitada


Además de la comparecencia urgente sobre esta modificación, el PP también tiene solicitada otra comparecencia urgente de la consellera en el Parlament por la repetición de las oposiciones al cuerpo general de funcionarios del Govern, debido a la impugnación por parte de opositores suspendidos. Los populares llegaron a pedir la dimisión de Cladera y del director de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) por lo que definieron como un "caos en las oposiciones". "Podría haber habido un intento de manipular estas pruebas con la intención de influir en el resultado o sobre quién aprobaba y quién no", llegó a plantear el PP.

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