La sección primera de la Audiencia decidió ayer mantener en prisión a Diego Torresmantener en prisión a Diego Torres, condenado a 5 años y 8 meses por diversos delitos, por el interés general que existe para que se cumpla la sentencia del caso Nóos, porque una de sus penas supera los dos años de privación de libertad, lo que impide la suspensión del fallo y porque la sociedad, a través del ordenamiento jurídico, reprueba los delitos de corrupción cometidos por el preso.
El tribunal dictó dos autos donde denegó la libertad para Diego Torres, el exnúmero dos de Nóos, preso en la cárcel barcelonesa de Can Brians-2, donde cumple una condena de cerca de seis años.
Por un lado, Torres pidió a las magistradas del caso Nóos la suspensión de la ejecución de su sentencia y la sustitución de dos de sus penas (una de ocho meses y otra de dos años) por trabajos en beneficio de la comunidad. El exprofesor universitario alegó, entre otros argumentos, que podía acogerse al beneficio de la suspensión de esas dos condenas porque no superaban individualmente los dos años, aunque sumadas sí que excedían ese límite. La pretensión del exempresario era así cumplir únicamente la condena de tres años menos un día, lo que le habría permitido abandonar Can Brians-2 en apenas dos años.
La sala primera analiza en su auto la regulación en el Código Penal de los sistemas de suspensión y sustitución de las condenas. Torres quiso amparar su petición en el mecanismo de suspensión extraordinaria, dado que el ordinario le estaba vetado al superar el conjunto de las penas los dos años de privación de libertad.
El tribunal destaca que en el supuesto del exprofesor universitario hay dos penas inferiores a dos años (una de dos y otra de ocho meses) y una tercera superior (de tres años menos un día). Esta última condena es la que impide acogerse al beneficio de la suspensión, aunque sea parcial.
Las juezas, descartada la suspensión por dicha razón, no entran a valorar si Torres reunía otros requisitos como el haber reparado el daño causado.
El penado también pidió salir en libertad en tanto el Gobierno no se pronunciaba sobre su petición de indulto, una situación a la que la Audiencia también se ha negado. La acusación particular en nombre del Govern y la fiscalía anticorrupción se opusieron a la excarcelación del antiguo amigo y socio de Iñaki Urdangarin. El Govern alegó que el menorquín Diego Torres no había consignado ni un euro de los 201.000 que tiene que pagar a la administración autonómicani un euro de los 201.000 que tiene que pagar a la administración autonómica. La Audiencia no se ha pronunciado sobre si apoya o no el indulto para el malversador de caudales, pero sí que ha rechazado que existan motivos para dejarlo en libertad. Entra esas razones destaca el interés general en que se cumplan las condenas del caso Nóos y el reproche que la sociedad hace, a través del ordenamiento jurídico, a la malversación, el fraude y los delitos fiscales.
