Diego Torres pretende con su petición de indulto cambiar los 5 años y 8 meses de cárcel por trabajos sociales para la comunidad, algo a lo que se opone el Govern, acusador particular en el caso Nóos. El Ejecutivo balear también argumenta que uno de los requisitos para la suspensión de la condena es haber reparado el daño causado y Torres no ha devuelto ni un euro a la Comunidad Autónoma.
Torres el pasado lunes, intentó "in extremis" eludir su ingreso en la prisión de Can Brians-2 (donde finalmente entró para cumplir la condena), presentando un escrito ante la sección primera de la Audiencia donde pedía la suspensión de su condena en tanto el Gobierno no se pronunciara sobre su petición de indulto.
El tribunal informó a su representación que se pronunciaría sobre la suspensión de la sentencia, pero que su escrito no paralizaba el mandamiento de entrada en prisión, una orden que se tenía que cumplir antes de la medianoche de ese día.
La Audiencia ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la suspensión. La Abogacía del Govern, como ya adelantó este diario en su edición de ayer, se opone a la libertad de Torres y recuerda que la principal perjudicada en el caso Nóos, exceptuando Hacienda, es ella.
La acusación particular sostiene que Torres no reúne las condiciones que el artículo 80 del Código Penal para suspender la ejecución de una sentencia. En primer lugar las penas impuestas al exempresario y antiguo profesor del Esade suman 5 años y 8 meses y una de ellas es superior a dos años.
Torres fue sentenciado a tres penas una de tres años menos un día, otra de ocho meses y otra de dos años.
Sí que el preso reúne una de las condiciones para la suspensión: el ser un delincuente primario o que ha delinquido por primera vez. Sin embargo, la acusación particular destaca que Diego Torres no cumple otra de las circunstancias para acogerse a la suspensión: haber procedido a la reparación efectiva del daño.
Nula reparación del daño
"No puede afirmarse que el señor Torres Pérez haya reparado el daño; es más de las tres personas condenadas a penas privativas de libertad por los delitos que afectan a esta Comunidad (Señores Urdangarin, Matas y Torres), el único que a lo largo de toda la instrucción y de las sesiones del juicio que no ha consignado cantidad alguna para hacer frente al daño ha sido, precisamente, él", argumenta la letrada del Govern María Ángeles Berrocal.
La acusación añade que el hecho de que Torres tenga embargado su patrimonio por el caso Nóos, no supone una "puesta a disposición voluntaria de sus bienes". Esos bienes tendrán que ser subastados para obtener el dinero. El Tribunal Supremo condenó a Torres y Urdangarin a indemnizar con 619.000 euros al Govern, pero éste pidió que los dos antiguos propietarios del entramado societario Nóos le compensaran con casi 2,7 millones de euros.
La Comunidad Autónoma estudia demandar por la vía contencioso-administrativa al cuñado del Rey y a Torres para recuperar los casi 2,1 millones de euros que no van a ser devueltos por decisión del Tribunal Supremo. El Supremo declaró que los contratos firmados con Nóos son nulos.
