El sector del transporte ha amenazado al Govern con poner en marcha movilizaciones si no se solventan los "numerosos problemas" que tiene sobre la mesa, y que pasan por una ley de cambio climático que se considera inaplicable en materia de implantación de vehículos eléctricos, por unos carburantes profesionales que son mucho más caros que en la península, o por la prohibición de que los autocares del aeropuerto puedan vender plazas individuales para poder viajar completos.

El conseller de Territorio, Marc Pons, acompañado por algunos de sus directores generales, ha mantenido hoy un encuentro con los responsables de la Federación Empresarial Balear de Transportes, incluido su presidente, Rafael Roig, en la que se han puesto sobre la mesa las reivindicaciones del sector. Según el gerente de esta patronal, Salvador Servera, lo que se demanda al Govern es que se concreten las iniciativas para solventar los problemas expuestos, al considerar que de no hacerse, la situación puede desembocar en movilizaciones, aunque no ocultó que la voluntad es la de no llegar a este extremo y negociar las medidas a adoptar.

El director general de Movilidad, Jaume Mateu, ha apuntado tras el encuentro que algunas de las demandas de los transportistas ya se están abordando. Así, ha anunciado que el Govern va a buscar terrenos en Palma, en el exterior de la vía de cintura, para crear un centro logístico en el que los camiones de mercancías pueda estacionar y descargar los productos que transportan, en una ubicación que no esté a más de 10 kilómetros del puerto.

Además, ha señalado que la propuesta de Régimen Especial de Balears (REB) reclama medidas para que el precio de los carburantes no sea superior al de la península. Igualmente, se están manteniendo contactos con los fabricantes de coches para garantizar que las empresas de rent a car de las islas pueda comenzar en 2020 a incorporar vehículos eléctricos a sus flotas.

Jaume Mateu reconoce que la venta en origen de plazas individuales de los autocares discrecionales que van al aeropuerto no ha sido una prioridad para su departamento, pero apunta que este tema se puede abordar siempre que exista consenso en el sector. Los transportistas alegan que es absurdo que estos vehículos viajen con ocupaciones del 60% cuando el mensaje que se lanza desde el Govern es el de ahorrar emisiones contaminantes.

Una de las dudas que las empresas de transporte planean al Govern es si será posible que el día 1 del próximo año puedan operar ya las nuevas empresas concesionarias de las líneas de transporte regular interurbano. El problema, según los empresarios, es que aunque se consiga adjudicar las tres concesiones en las que se repartirá la isla a finales de septiembre (como espera el Govern), cualquier fabricante tarda ocho meses en servir los nuevos autocares, y éstos no se van a encargar hasta que se sepa qué transportistas han ganado el citado concurso, lo que hace inviable que la flota este lista el 1 de enero. La Conselleria alega que se ha previsto un periodo de transición.