En Balears hay alrededor de 180 centros que atienden a niños de cero a tres años y se consideran educativos, al cumplir con la pertinente normativa de Educación que desde 2010 fija una serie de condiciones mínimas de funcionamiento (espacios, titulación de personal...).

En estos casi 200 centros se incluyen tanto las escoletes municipales públicas como los centros privados o CEI (Centro de Educación Infantil). En ambos casos tienen una placa que acredita que son centros autorizados por Educación. Las escoletes privadas que se adaptaron y se acreditaron hace unos años comenzaron a denunciar que las guarderías, que no han de cumplir la normativa educativa ya que teóricamente su labor es asistencial, les hacían competencia desleal al promocionarse como centros educativos y ofreciendo de hecho servicios educativos (como enseñanza de inglés, por ejemplo).

Los CEI autorizados lamentan que la legislación educativa les obliga entre otras cosas a cumplir con unas ratios máximas de alumnos por trabajador o les exige tener un espacio polivalente, obligaciones que encarecen la gestión del centro y, por tanto, de la matrícula.

Así que muchos padres optan por guarderías que tienen precios más bajos y en muchos casos se promocionan como escoletes educativas aunque no se rijan por la norma de la conselleria de Educación.

Esta es una de las cosas que el ayuntamiento de Palma revisará ahora en la campaña de inspección de guarderías que impulsará con la Policía Local dentro de sus competencias: primero, que los centros tengan licencias de actividad; segundo, que la actividad que desarrollen se corresponde con lo que anuncian en su cartel; y tercero, las condiciones mínimas de seguridad de los espacios.