Tras el presunto caso de maltrato a un niño, el Govern y Cort han reiterado hoy necesidad de regular las guarderías, un proyecto que trató de impulsar la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago pero que, como ha recordado hoy, tuvo que retirar ya que así lo aprobó el Parlament. Desde Cort, se ha anunciado una campaña de inspección, pero se limitará a comprobar las licencias; las medidas de seguridad y la rotulación ya que, según se ha expuesto, las competencias municipales no les permiten ir más allá.

"El Govern quiso actuar regulando las guarderías, pero el Parlament decidió que teníamos que retirar este decreto y que lo tenían que regular los consells insulares. Nuestro posicionamiento como Govern quedó muy claro. Tenemos más de 1.700 niños contabilizados en espacios no regulados y que cumplen dos únicas condiciones: tener una licencia de actividades y una instalación eléctrica. Son condiciones que valdrían también para una abrir una mercería. Hicimos un intento por regularlo, pero el Parlament nos dijo que no era nuestra competencia", ha recordado la consellera de Més.

Santiago ha reclamado hoy una norma para garantizar que los cuidadores tengan una mínima formación profesional. "No sé si podemos hablar de un caso aislado o no. Lo que nos preocupa es que a día de hoy no sabemos quién está cuidando a nuestros niños. En el decreto se establecía que la directora de la guardería tenía que ser una maestra, y que las personas al cuidado de los niños debían tener una formación profesional para realizar esa labor. Pero son los consells insulares los que tendrán que regular cómo deben ser esas guarderías", ha indicado.

Graban un presunto maltrato en una guardería de Palma

Graban un presunto maltrato en una guardería de Palma

El borrador de proyecto fue polémico y muy cuestionado por los defensores de las escoletes públicas que agrupa la Plataforma 0-3. La iniciativa encontró una oposición especialmente destacada en Menorca, donde la mayoría de centros que atienden a niños de 0 a 3 años son escoletes públicas y centros de educación infantil autorizados y que cumplen con la pertinente normativa de la conselleria de Educación. Tras la votación en el Parlament, Santiago retiró el decreto y Educación asumió la responsabilidad de crear una comisión para impulsar esta etapa educativa. La regulación de las guarderías quedó en manos de cada Consell insular. Justo esta tarde se constituye en la conselleria de Educación la comisión técnica de trabajo. Se elegirá al coordinador de la comisión y se elaborará un plan de trabajo.

Desde el ayuntamiento de Palma, la regidora responsable de Educación, Susanna Moll ha lamentado hoy que "no es el primer caso" de posible agresión detectada en una guardería del municipio y ha concluido que "hace tiempo" que estos centros necesitan una regulación y que las instituciones "no pueden seguir tapándose los ojos".

Moll ha dicho que desde el ayuntamiento están trabajando en una campaña de inspección que en "breve" se pondrá en marcha para "comprobar" que este tipo de espacios dispongan de las licencias pertinentes, que cumplan con las medidas de seguridad oportunas y que, asimismo, estén rotuladas correctamente ya que no pueden anunciarse como 'escoletes'.

La diferencia de denominación entre 'escoletes' y guarderías tiene un sentido. Por 'escoletes' se entienden los centros municipales públicos y los centros de educación infantil privados que cumplen con la ley 0-3 elaborada por la conselleria de Educación durante la legislatura del anterior Pacte de Progrés (una normativa que establecía unos mínimos de espacio; exigía titulaciones al personal...). Las guarderías son centros que atienden a niños de 0 a 3 años desde un enfoque asistencial y no educativo. Dado que las patronales de guarderías privadas PIMEM y Escola Catòlica impugnaron que se les obligara a cumplir con la normativa aprobada por Educación, el TSJB dictaminó que dado que esta etapa no es de escolarización obligatoria es compatible que existan dos redes, una educativa y una asistencial. En 2012 el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al sentenciar que en la etapa efectivamente puede existir una red asistencial.