Una familia denuncia que lleva semanas sufriendo "acoso" por parte del "fondo buitre" que en diciembre compró el piso que okupan con ellos dentro. Aseguran que un representante de la empresa, Edimburgo Investment 21 SL, les ha ofrecido hasta 2.000 euros para abandonar el inmueble, situado en el barrio de Son Gotleu. Sin embargo, Yoselin Alarcón y sus tres hijos se mantienen firmes porque, aseguran, "ceder a ese chantaje significa quedarse en la calle".
La familia llegó al piso que actualmente okupan en septiembre, poco después de sufrir un desahucio exprés de la anterior vivienda en la que vivían de alquiler. "Nos vimos en la calle por una deuda de unos pocos euros. El propietario aceptó rebajar el alquiler de 450 euros a 400 euros hasta que Yoselin empezara a trabajar. Llegamos a un acuerdo verbal, pero al cabo de unos meses nos denunció y nos desahuciaron", relata Leonardo Alamillo, expareja de Alarcón.
Entonces contactaron con dos personas que vivían en el actual piso que habitan en Son Gotleu. "Nos engañaron. Nos dijeron que era suyo, pero que se irían durante una temporada larga y que podíamos quedarnos pagando un alquiler. Les dimos 800 euros como pago de la primera mensualidad y la fianza, y enseguida desaparecieron", explica Alarcón.
La mujer supo después que el piso pertenecía a un banco y que la pareja lo okupaba ilegalmente. Decidió quedarse a vivir allí con sus tres hijos con la esperanza de que el banco le concediera un alquiler, pero apenas tuvo tiempo de negociar. En septiembre el banco vendió el inmueble a Edimburgo Investment S.L., una empresa constituida hace apenas un año que tiene por objeto "la compraventa de bienes inmobiliarios" y "la inversión mobiliaria e inmobiliaria en todas sus formas".
Plataforma Stop Desnonaments
Un "fondo buitre", en palabras de la plataforma Stop Desnonaments, que asesora a la familia. "No tienen garantías ni posibilidad de defenderse. Con el agravante de que hace unos meses sufrieron un desahucio exprés. Los bancos se niegan a conceder alquileres públicos. En este caso es sangrante que Bankia, rescatado con dinero público, se dedique a vender sus viviendas a fondos buitres que desahucian", argumenta Joan Segura, portavoz de esta plataforma.
"Si ahora ocurren estas cosas, ¿qué pasará cuando se aprueben los desahucios exprés por okupación? Los bancos utilizan sus viviendas vacías para especular y alimentan el negocio de las mafias. La solución pasa porque las administraciones obliguen a los bancos a poner sus pisos vacíos en alquiler", añade Segura.
Tanto Alarcón como Alamillo trabajan. "Tenemos unos ingresos modestos, pero podríamos pagar un alquiler. Nosotros no queremos esta situación. Esta empresa me acosa a llamadas y mensajes para que aceptemos el dinero y nos vayamos. Primero ofrecieron mil euros, pero llegaron a proponer hasta dos mil. Siempre lo hemos rechazado porque quedarme en la calle con mis hijos no es una opción", explica la mujer.
Este diario contactó con Edimburgo Investment S.L., que declinó ofrecer su versión de los hechos. En una carta remitida a la familia en marzo, un representante de la empresa les apremiaba a que aceptaran un acuerdo amistoso. "Nuestra intención es poder llegar a un acuerdo con ustedes para que en el menor tiempo posible la vivienda quede vacía. Sería un acuerdo donde por supuesto les facilitaríamos los medios necesarios, tanto logísticos como de tiempo, para que esto fuese así; tengan en cuenta que hay un procedimiento judicial abierto contra ustedes y que es cuestión de tiempo que tengan que abandonarla de manera obligatoria", sugirió en el escrito.
Un "montaje"
La empresa, domiciliada en Madrid, asegura que hay en curso una orden de desahucio que se ejecutará el próximo miércoles por la mañana. Sin embargo, la familia cree que todo puede tratarse de "un montaje". Después de acudir varias veces a los juzgados y preguntar la policía, no les consta que exista la citada demanda. Tampoco han recibido ninguna notificación avisándoles del lanzamiento.
La semana pasada, denuncia la familia, ya hubo un primer amago de desahucio. "Se presentó la policía y una persona que se identificó como procuradora. Pero no tenían ninguna notificación, así que me dijeron que volverían el miércoles", relata Alarcón. "Solo necesitamos que nos den unos meses para encontrar un alquiler asequible. En verano es imposible. Solo queremos vivir dignamente", zanja la mujer.
