Dos ex altos cargos del PSOE y de Unió Mallorquina, que ocuparon puestos de responsabilidad en el Consell de Mallorca, Melchora Gómez y María Antonia Escanellas, se confesaron ayer culpables del amaño de un concurso impulsado desde la institución insular. Gómez fue directora insular de turismo y Escanellas ocupaba un cargo de responsabilidad en el departamento de economía. Ambas políticas alcanzaron ayer un acuerdo con la fiscal Clara Lavao. Serán condenadas a una pena de cinco meses de prisión, que se sustituirá con una multa de 1.800 euros.
Además, también han sido condenadas a casi dos años de inhabilitación, en los que no podrán ocupar ningún cargo político en el que se tramiten subvenciones públicas. Se las sanciona por prevaricación y fraude.
En el mismo juicio también se condenó a los empresarios Gabriel Ribas y Juan Carlos Escuer, propietarios de la desaparecida empresa Minser, considerados próximos a UM. Es la tercera vez que estos dos antiguos socios son condenados, pero no ingresarán en prisión. Ayer consiguieron un pacto tras devolver el dinero que cobraron irregularmente del Consell de Mallorca a través de este contrato amañado. Minser era una de las empresas que contrataba a los llamados empleados 'fantasma' de UM. La sanción por este tercer juicio es también de una multa económica. Se ha tenido en cuenta que, tras su detención e ingreso en prisión, colaboraron con la fiscalía, que les ha reconocido varias atenuantes a los dos acusados, lo que evita su ingreso en prisión.
Este contrato amañado consistía en la instalación de unas pantallas de información en el aeropuerto de Palma, donde se iban a emitir imágenes de promoción de Mallorca. El objetivo de este contrato, en realidad, era beneficiar a la empresa Video U, la productora vinculada a Maria Antònia Munar y Miquel Nadal. Los dos empresarios tenían órdenes de subcontratar los servicios de Video U para realizar los trabajos del contrato.
El amaño se acordó antes de las elecciones del año 2007, cuando el Consell estaba gobernado por UM. A pesar de que el partido dejó de dirigir la institución, y por tanto, no tenía acceso al dinero público, sus sucesores políticos continuaron con las mismas contrataciones que sus antecesores, según detalla el escrito de acusación de la fiscalía. De esta forma, la dirección insular de Turismo, dirigida por la socialista Melchora Gómez, llevó a cabo todos los actos necesarios para la contratación de este proyecto de promoción. El escrito de acusación detalla que este trabajo era innecesario, puesto que el mismo proyecto ya había sido objeto de una contratación anterior.
Contrato amañado
En la tramitación administrativa para dar salida a este proyecto, el Consell invitó a tres empresas para que optaran al contrato. Las tres ofertas eran de empresas controladas por las mismas personas. De esta forma, el proyecto se dio a la empresa Minser. La directora insular de Turismo firmó el informe justificativo de la contratación. La otra política, de UM, que controlaba el área de economía, fue la que firmó el informe sobre la propuesta de adjudicación. La empresa facturó los trabajos antes de la firma del contrato, que rubricó la entonces presidenta del Consell, Francina Armengol. Los dos empresarios no cumplieron el contrato. Sólo entregaron siete de los trece vídeos descritos en la oferta económica del proyecto. Y, además, las filmaciones eran más cortas de lo acordado. Por el contrato recibieron la cantidad de 22.ooo euros.
