El Consell de Mallorca ha rechazado permitir la ampliación de casas legales en suelo rústico que no tengan la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados. Una disposición incluida en la nueva Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB) y que afecta a unos 7.000 propietarios en Mallorca, tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado mes de enero.
El conseller del Pi, Antoni Amengual, ha asegurado que con esta medida, impulsada por el propio Consell, "muchas personas de nuestra isla pierden derechos en lo que consideramos una medida injusta que atenta contra la propiedad privada". Amengual ha recordado que se trata de inmuebles en suelo rústico perfectamente legales.
La moción de El Pi ha contado con el apoyo del PP y de Ciudadanos, pero la mayoría de izquierdas la ha rechazado.
La consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, fue la encargada de defender la postura del equipo de gobierno. Su departamento fue el que pidió al Govern que incluyera esta disposición en la LUIB. El argumento de Garrido ha sido que, mediante esta norma, se evitará una avalancha importante de construcción de piscinas en suelo rústico y que después se puedan dedicar al alquiler turístico.
