El Govern defenderá mañana en Bruselas ante la Comisión Europea su pretensión de que en Balears estén prohibidas las gasolineras desatendidas, tal y como se contemplaba en la normativa impulsada por el anterior Govern del PP pero cuyo artículo ha sido suspendido por los Tribunales.

Además, los representantes del Ejecutivo autonómico acudirán a esta cita con el apoyo de las empresas y sindicatos del sector en el archipiélago, según se ha reflejado en la reunión que ambas partes han mantenido esta mañana.

El director general de Consumo, Francesc Dalmau, que acudirá mañana a esta cita en Bruselas, ha recordado que la ley elaborada por el Govern de José Ramón Bauzá ya prohibía la existencia en las islas de estaciones de servicio en las que no hubiera ninguna persona para atender al cliente, pero fue recurrida y el Tribunal Superior de Justicia de Balears suspendió ese artículo, una decisión que a su vez Balears ha llevado al Supremo y que está pendiente de su decisión.

Dalmau ha señalado que el Govern no rechaza las estaciones de autoservicio, es decir, aquellas en las que el cliente es el que llena del depósito del coche. A lo que se opone el Ejecutivo balear esa que no haya nadie en estas instalaciones para atender una reclamación, ayudar a alguna persona con minusvalía que tenga problemas para servirse el mismo el combustible, o hacer frente a algún incidente, como un derrame de aceite en el suelo que suponga un riesgo para la seguridad.

Además, recuerda que la postura balear también es defendida por otras autonomías, como Andalucía, las dos Castillas, Navarra o Extremadura.

Un argumento que se va a usar en Bruselas por parte de los representantes del archipiélago es precisamente el de la insularidad y el que, por ejemplo, en el caso de Formentera solo haya dos estaciones, lo que supone que si las dos pasa a ser desabastecidas habría personas con minusvalías que se encontrarían con la imposibilidad de llenar el depósito de su coche.

El presidente de la asociación de estaciones de servicios de Balears, Jesús Salas, respalda esta postura del Ejecutivo autonómico y se suma a la reivindicación de que haya al menos un responsable de cada una de estas instalaciones presente en las mismas. También los sindicatos se han adherido a este apoyo, al considerar que la implantación de las gasolineras desatendidas podrían suponer la pérdida del empleo para muchos de los asalariados que hay en el sector.