La sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de Balears acaba de anular la prohibición autonómica de abrir gasolineras sin personal "marcará un antes y un después en el sector". O eso opina el presidente de la patronal nacional que agrupa a las estaciones de servicio low cost, Manuel Jiménez, que desde la asociación AESAE augura que la decisión judicial estimulará la aparición de nuevas gasolineras de este tipo en la isla. "Habrá más proyectos a partir de ahora. A los empresarios les asusta invertir cuando hay inseguridad jurídica. El respaldo de esta sentencia permitirá que dejen de frenarnos con argumentos peregrinos algunas licencias ya solicitadas", abunda Jiménez, que completa su análisis con un augurio y una advertencia.

La advertencia: si el Govern recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo e insiste en negarse a permitir un modelo de negocio que admite la ley española, defiende la Justicia y respalda la Comisión Nacional de la Competencia, exigirán que la administración autonómica indemnice por las pérdidas que está causando a quienes han invertido en surtidores low cost. Que son caras, dice, antes de explicar su augurio, que es en realidad una predicción econométrica: si el modelo de estaciones completamente de autoservicio se abre por fin paso en Balears, como ha hecho en casi toda la Unión Europea, los precios bajarán entre cinco y diez céntimos por litro.

El cálculo que hacen en el sector es relativamente sencillo. Someterse a las limitaciones actuales de Balears, que exige que haya siempre un operario en las estaciones de servicio, obliga a contratar "a tres trabajadores y medio". "Hay que cubrir las 24 horas del día, con lo que hay que tener plantilla para hacer turnos, fines de semana y vacaciones. Por convenio del sector, son más de 20.000 euros por persona, con lo que nos vamos a un coste anual para el empresario cercano a los 80.000 euros. Lo más grave es que eso ocurre después de haber pagado un proyecto que preveía ahorrar en personal lo que se había pagado de más en la tecnología y la seguridad que se exigen a estas estaciones de autoservicio, que en promedio venden entre 1 y 1,5 millones de litros al año", detalla el líder de la patronal de las low cost. ¿Resultado? El impacto de todos estos costes se plasma en un combustible entre 5 y 10 céntimos por litro más caro, dice.

Y justo esa sería la reducción del precio del combustible para el consumidor. Que se contagiaría, subraya Jiménez: en otros territorios de España y de la Unión Europea, la irrupción de gasolineras low cost presiona a la baja las tarifas que cobran las gasolineras tradicionales. El efecto es una bajada de precios, documentada por el Ministerio de Industria: ayer mismo, el litro de gasolina súper de 95 octanos era entre 17 y 30 céntimos más barata en la península que en Mallorca. De hecho, la estación de servicio más barata en España era una de autoservicio madrileña que vendía la súper a 1,07 euros, muchos menos que los 1,30 que cobraban la mayoría de gasolineras tradicionales de la isla, donde el combustible más económico era el de la estación de servicio low cost de Petroest en Son Castelló (1,23 euros).

Esa distorsión en los precios, que hace que hasta las gasolineras de bajo coste sean más caras, se debe según el sector precisamente a la exigencia de que haya personal. Si no lo hubiera, el precio pasaría de esos 1,23 de ayer en Petroest Mallorca a algo más parecido a los 1,10-1,15 que se cobraba en la mayor parte de la península. "Por eso está guerra contra nuestro modelo: es más rentable cobrar esos precios mucho más altos y nos quieren echar por ello del mercado", opina el portavoz de las estaciones de autoservicio. Se remite a los datos para apuntalar su acusación: "La Dirección de Energía y la Comisión de Competencia documentan que la gasolina más cara se vende en Balears y el País Vasco. ¿Por qué? Porque no hay competencia, porque han ido contra las gasolineras de autoservicio, y eso hace que incluso en las provincias vascas, que tienen refinerías de petróleo, terminales portuarias para hidrocarburos y buenas vías de transporte, los precios sean mucho más caros".

Por eso la guerra, insiste. ¿Y qué hay de las acusaciones del sector tradicional, que dice que destruirán empleo? "Peregrinas. Primero porque el 50% del empleo del sector se destruyó antes de que llegarán nuestras estaciones de servicio completamente automatizadas: fue entre 2004 y 2014, cuando las gasolineras tradicionales empezaron a dar autoservicio. Y además es lo que dice muy claramente la sentencia de Balears: el bien general es el del consumidor, que está informado de lo que hay en nuestras estaciones de servicio y es libre de decidir si busca un precio más bajo o gasolineras más caras con un empleados para atender siete surtidores, la caja y el restaurante", concluyen en un sector que empieza a ver la luz.