26 de julio de 2017
26.07.2017
Diario de Mallorca
El futuro del alquiler turístico

Turismo corregirá por decreto la ley para multar ya el alquiler ilegal

El Pacto sigue los pasos del PP de Bauzá con el TIL y rectifica de urgencia su reforma estrella - Tras el lío desencadenado por el despiste de Podemos de hace una semana, la normativa recupera su versión original

26.07.2017 | 02:45
Turismo corregirá por decreto la ley para multar ya el alquiler ilegal

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  • Empapelan la sede de Turismo para criticar la masificación

    La sede de la Conselleria de Turismo amaneció ayer empapelada con carteles contra la masificación turística que sufren las islas. La protesta, lanzada por los grupos de izquierda independentista Endavant y Arran y difundida por colectivos como los ecologistas del GOB, pretende "poner el turismo en el punto de mira" y denunciar sus excesos. También pegaron carteles en la sede de Barceló Hotels y desplegaron una pancarta ante la Seu.

Ya hay reforma para la reforma, antes incluso de que entre en vigor. Suena a galimatías y lo es, que por algo a la nueva normativa turística la ha bautizado "ley Frankenstein" el político que la impulsó, el vicepresident Barceló, que lleva una semana de trabajo frenético para garantizar que el monstruo tenga los días contados. Y parece que los tendrá: ayer en el Parlament, en el Govern y en el propio equipo de Barceló ultimaban los detalles del plan para salir por decreto de urgencia del lío generado el martes pasado, cuando una modificación de último minuto propiciada por el desbarajuste interno en Podemos acabó cambiando la ley prevista por el Govern de forma tan quirúrgicamente destructiva que bastó tirar un artículo para convertir en inaplicable una regulación del alquiler turístico trabajada durante un año y medio. El efecto del cambio era tan simple como dañino: tras su inclusión, la normativa ni prohibe ni permite el alquiler en pisos de edificios plurifamiliares residenciales (es decir, el apartamento del 4ºA o el del 2ºD, que copan de forma ilegal el 90% de la oferta de alojamiento turístico de Palma).

Y como la normativa ni veta ni autoriza el arrendamiento en estos pisos, pues los abogados del Govern dudan que se les pueda aplicar a los dueños las multas de hasta 40.000 euros previstas al alquiler vacacional ilegal en webs como AirBNB. ¿Solución? Drástica. Y rápida, que hay prisa por multar y no perder otro verano en el ahogo de los excesos del alquiler ilegal: el Govern parcheará su ley por decreto, algo que tiene cierta tradición en las islas. Tanta que el Govern anterior, el del PP de Bauzá, también recurrió a la urgencia del corregir la normativa estrella con la que se estrelló, el trilingüismo, rectificado por decreto después de que los tribunales lo tumbaran.

Ahora el Govern del Pacte no ha necesitado ni llegar a los tribunales: desde la misma tarde que siguió a la aprobación de la "ley Frankenstein", el conseller Barceló explicaba que la regulación estaba muerta, al lucir tantas fisuras jurídicas que en el Govern daban por segura la derrota en los tribunales cada vez que multasen a alguien por alquiler ilegal. De ahí el decreto, que se aprobará o bien está semana o bien la que viene, con la idea de que esté en vigor en agosto y sea ratificada un mes después en el Parlament. Ahí surge otra vez la amenaza que ya dinamitó una vez la reforma, Podemos, que queriendo prohibir el alquiler en pisos hizo justo lo contrario, para desesperación de sus socios de Govern (PSOE y Més), y estupefacción (cuando no risa) de partidos de la oposición como el PP. Pues bien, dentro de un mes, Podemos deberá volver a votar el decreto, cuyo contenido está negociando con el Govern.

El cambio: de vuelta al origen


¿Qué dirá el cambio? Pues lo que decía originalmente la ley antes de que la frustrase Podemos. Se recupera el artículo 49 original (el del lío), para que en vez de circunscribir el alquiler vacacional a las casas aisladas y adosadas (como hace el artículo impuesto al Govern por PP y Podemos), se defina como comercializadores de estancias turísticas a todos los dueños (personas o empresas) de una vivienda residencial que arriende su inmueble por periodos de corta duración. Es decir: todas las viviendas serán susceptibles de ser turísticas, y eso supone que las multas de hasta 40.000 euros por alquiler ilegal valdrán también para los pisos, considerados de nuevo una opción de alojamiento turístico, aunque solo a efectos de perseguirla y sancionarla. Y se acabó el lío, salvo que Podemos se vuelva a liar. Aunque parce difícil: esta vez el Govern parece dispuesto a meter en la ley, para contentar a Podemos, una alusión a la "emergencia habitacional" de la ciudad de Palma y la isla de Eivissa, con la que se pretende prohibir lo que tanto Palma como Eivissa han decidido ya prohibir: el alquiler vacacional en pisos de su territorio.

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