Más de dos horas y media de reunión para convencer a Podemos del "Frankenstein" en que ha quedado aprobada la ley de alquiler turístico y de que "no puede quedar así". Después de haber tumbado el martes el principal artículo de la modificación de la norma y dejar en el aire el alquiler de pisos a turistas y sus sanciones, Podemos acabó aceptando ayer que habrá que reformar una ley que todavía no ha entrado en vigor. Sin embargo, el partido se niega a asumir el menor error. La formación morada se escuda en que el Govern sabía que se iban a desmarcar, que el texto es interpretable y que "el problema no es tan real".
Los partidos del Pacto aprovecharon su reunión de seguimiento de los Acords pel Canvi para abordar la crisis desencadenada por el desmarque de Podemos en la ley del alquiler turístico. Después de que PSIB y Més leyeran la cartilla a sus socios, el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, se esforzó en reconducir la situación y hacer entender a los representantes de la formación morada las consecuencias de su voto: que el alquiler en pisos no está permitido pero tampoco prohibido, que las sanciones quedan en el aire y que el texto es carne de recurso en cuanto se aplique. La reunión, que empezó a las 8:30 horas de la mañana, se prolongó hasta pasadas las 11:00 horas.
El único acuerdo que salió del encuentro es que habrá que buscar una solución al desaguisado. Se barajaron algunas y los partidos del Govern pusieron sobre la mesa una que estuvo a punto de convencer a sus socios. Sin embargo, las propias divergencias entre los miembros de Podemos, impidieron alcanzar un consenso y acabaron todos emplazándose a seguir reuniéndose para explorar una salida. "La más limpia", según fuentes de la reunión, pasaría por alcanzar un acuerdo que quede reflejado en las próximas leyes de Urbanismo y de Vivienda.
Podemos: "No era una sorpresa"
Para Podemos, "todo son interpretaciones" que "varían según quien la haga", valoró la portavoz de la formación, Laura Camargo, quien se negó tanto dentro como fuera a asumir que el partido se equivocara con su desmarque. "Demonizar a Podemos no es la mejor vía para buscar una solución", avisó a sus socios tras la reunión. "Podemos no se sacó un as de la manga. No era una sorpresa", se excusó la portavoz en que el Govern conocía sus planes. Un argumento que ya utilizó el miércoles el diputado que negoció la ley por parte de Podemos, Salvador Aguilera, ayer ausente de la reunión "por tema de agenda".
Sin embargo, Barceló logró convencer a Podemos de que las sanciones acordadas de hasta 40.000 y 400.000 euros corren peligro y que, de momento, será difícil aplicarlas. "En el tema de las sanciones entendemos que puede generar alguna duda", concedía Camargo, que aceptaba que "el Govern quiera tener garantías". Razón por la que Podemos acepta que habrá que revisar el texto aprobado y buscar un parche para disipar dudas sobre la norma. "No hemos sido capaces de salir con una solución, pero sí hemos acercado posturas y salimos con la voluntad de llegar a un acuerdo", acabó relatando Laura Camargo.
Además de Barceló, a la reunión acudieron otros miembros del Govern como el conseller de Territorio, Marc Pons. Por parte de Podemos, además de sus dos portavoces estuvo la asesora jurídica del partido, que mantiene a los suyos convencidos de que con el redactado final de la ley el alquiler turístico en plurifamiliares está prohibido salvo en vivienda habitual y por debajo de los 60 días al año. Una interpretación de la que difieren los servicios jurídicos de la Conselleria de Turismo del Govern, los letrados del Parlament o los asesores legales de la patronal de alquiler turístico Aptur.
"Un antes y un después"
Pese a las acusaciones de "irresponsables" y "deslealtad" y el aviso de "consecuencias" que lanzaron el miércoles PSIB y Més contra Podemos, la reunión transcurrió en un tono más relajado de lo previsto. Ambas formaciones incidieron en señalar a sus socios el error de su desmarque pero evitaron ir más allá, lo que, no obstante, molestó a los representantes en la reunión del partido morado.
Con todo, el portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, a la vez que negaba "que esto suponga una crisis global del Pacto de Govern", insistía en que tendrá "consecuencias": "Esto marca un antes y un después", resumía. "Tendrá consecuencias en negociaciones futuras", detalló el diputado socialista, que tras la junta de portavoces del Parlament concluyó que "a partir de ahora tendremos que negociar de otra manera y pidiendo garantías".
