Una trabajadora de Son Espases tendrá que abandonar hoy su puesto de trabajo durante varias horas para acudir a los juzgados de sa Gerreria para defenderse de una demanda interpuesta por la concesionaria de Son Espases por negarse a pagar los 65,5 euros que esta le reclama por haber estacionado irregularmente en la zona gratuita reservada a los empleados del hospital de referencia.
La cantidad reclamada obedecería al coste de la grúa privada que la concesionaria utiliza para trasladar los vehículos de los empleados mal estacionados en la zona del parking reservada para ellos de forma gratuita hasta la zona de pago, y el coste de un día de estancia en esta área de rotación según las tarifas bonificadas vigentes, explicó la concesionaria al Servei de Salut.
Este último departamento confirmó ayer que las 944 plazas reservadas para los trabajadores del hospital de Son Espases solo son gratuitas para los empleados, que la comunidad autónoma abona 280.000 euros a la concesionaria cada año por la cesión de estas plazas.
El Servei de Salut reveló que desde que el pasado mes de octubre la concesionaria que explota los servicios no asistenciales del hospital de referencia decidiera comenzar a retirar los vehículos de los empleados que obstaculizasen salidas de emergencia o cuyo estacionamiento impidiera un tránsito fluido al resto de coches en el aparcamiento, se han procedido a retirar un total de 156 automóviles.Veintinueve demandas
Y la de hoy será la primera de las veintinueve demandas que la concesionaria ha interpuesto contra los trabajadores que se habrían negado a satisfacer el coste de la grúa y un día de estancia de en la zona de pago a la que los vehículos son trasladados.
Para proceder al traslado de un vehículo a la zona de pago, los operarios de la concesionaria se limitan a desenroscar alguno de los pilones que separan las dos zonas y desplazan al vehículo infractor unos pocos metros, aseguran los empleados sanitarios que consideran por ello desproporcionada la reclamación dineraria que se les hace.
Entre los trabajadores demandados por la concesionaria se encontrarían algunos médicos y el Sindicato Médico (Simebal) ha tomado cartas en el asunto. Aparte de asesorarlos jurídicamente, los representantes laborales de los facultativos se preguntan cómo el Servei de Salut tolera que la concesionaria hurte a la sanidad pública de las Islas a trabajadores de su cualificación por una demanda de tan escasa cuantía. El presidente del Simebal, Miguel Lázaro, no da crédito a que el IB-Salut ampare una actuación judicial en la que un médico puede perder varias horas de su jornada asistencial por 65,5 euros.
