La jueza de primera instancia número 14 de Palma, Irene Partida, convocó ayer una vistilla para el próximo 9 de febrero donde se decidirá si se deja en suspenso la expulsión de la presidenta del Parlament Xelo Huertas de su antiguo grupo parlamentario de Podemos.
Huertas formuló hace unos díaso una demanda civil contra su antiguo Partido para solicitar la anulación de su expulsión, que fue justificada por la comisión de garantías de Podemos en una conducta inapropiada al querer beneficiar a otro exmilitante, el científico e investigador Daniel Bachiller.
Huertas ha pedido a la jueza que adopte una serie de medidas cautelares para impedir una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales por el expediente de Podemos. Entre estas acciones destaca la suspensión de la expulsión.
De forma paralela, la todavía presidenta ha solicitado a la Mesa del Parlament que no adopte ninguna medida en relación a ella, básicamente la remoción en su cargo hasta que no se pronuncie la Justicia sobre su demanda.
Podemos, PSIB y Més postulan que el reglamento de la Cámara contempla la expulsión automática del cargo de presidente del diputado que haya sido expulsado de su grupo parlamentario.
Por el contrario, Huertas y el Partido Popular sostienen que la salida del cargo no es automática y debe ser fruto de una decisión formal de la Mesa del Parlament.
En su demanda, Huertas acusa al partido liderado por Alberto Jarabo de haber vulnerado sus derechos fundamentales y solicita al juez que declare nula la sanción por la que fue expulsada de la fuerza morada.
Las lesiones en los derechos fundamentales se habrían pronunciado durante la tramitación del expediente disciplinario y a raíz de la expulsión. Podemos también expulsó a la diputada Montserrat Seijas y a Daniel Bachiller.
