El juez Antoni Rotger ha dictado un auto, por el que ordena que Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, vuelva a ser juzgada por un caso de corrupción. Se trata del llamado caso Son Oms, en el que el fiscal reclama contra Munar una condena de seis años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias por haber mediado en la recalificación urbanística de las fincas próximas al aeropuerto de Palma. Esta vez Munar compartirá banquillo junto a Maximiliano Morales, expresidente del Parlament, que también está acusado de utilizar su influencia política, como dirigente de UM, para conseguir la recalificación urbanística, a cambio de comisiones, que cobró a través de solares. Para Morales, la fiscalía reclama una condena de cinco años de prisión. Bartomeu Vicens, exconseller de UM, también se sentará en el banquillo, si bien el fiscal no le pide sanción alguna, porque entiende que ya fue condenado por los mismo hechos.

El auto del juez, además de abrir juicio oral, impone una fianza económica de ocho millones de euros, que reparte entre Munar y Morales. La expresidenta del Consell de Mallorca, que está en prisión desde hace tres años y medio, ya tiene todas sus bienes embargados .

Precisamente, el caso Son Oms fue la primera investigación por corrupción que salpicaba a la antigua cúpula de Unió Mallorquina. La recalificación urbanística se gestó a finales de los años 90. Morales y Vicens se pusieron en contacto con los propietarios de los terrenos de Son Oms, que en ese momento tenían la calificación de rústicos. Los dos políticos de UM ofrecieron a los propietarios que, si conseguían recalificar los terrenos y convertirlos en suelo industrial, a cambio recibirían la cesión del 15 por ciento de estos solares. Aunque Vicens y Morales habían sido, según la fiscalía, los impulsores de la operación urbanística, ninguno de ellos apareció en los documentos.

Para llevar a cabo la operación se creó una sociedad, que se denominó Gestora de Desarrollo Son Oms. Al frente se colocó al abogado Jaime Montis, ya fallecido, bajo el control de los políticos de UM.

La recalificación definitiva se consiguió en el año 1999, cuando UM tenía una gran influencia en las instituciones de Mallorca. Los solares pasaron de rústicos a industriales, multiplicando su valor. Una vez conseguido el objetivo, los propietarios cumplieron con lo pactado y cedieron el porcentaje de sus fincas a los políticos que lograron la recalificación.

Maria Antònia Munar nunca participó en ninguna negociación con los propietarios. Su labor, según la fiscalía, se realizó en la sombra. Sin embargo, los dueños de los solares sabían que ella estaba detrás, porque así se lo comunicaron los otros dirigentes de UM.

Fue Montis quien se encargó de realizar el reparto de los beneficios entre sus socios. El fiscal Juan Carrau asegura que Munar recibió 400.000 euros en metálico en comisiones por su intervención en esta operación urbanística. La misma cantidad habría cobrado Vicens, que cuando fue conseller de Urbanismo del Consell también impulsó una modificación urbanística para eliminar el coeficiente de edificabilidad de los polígonos industriales. Esta nueva norma beneficiaba a los solares de Son Oms, porque aumentaba sus posibilidades urbanísticas.

Morales no cobró dinero en metálico, sino que se quedó con dos de las fincas de Son Oms, que años más tarde vendió, obteniendo unos beneficios millonarios, según señalaba el fiscal en su escrito de acusación.