La reforma del alquiler turístico parece llamada a ser el eje sobre el que gire durante esta legislatura la acción del Govern presidido por Francina Armengol, que ha tardado más de lo prometido, pero ha hecho los deberes: ya hay un anteproyecto de ley para definir en qué condiciones será legal alojar a turistas en pisos de edificios plurifamiliares. Esa regulación establece unos requisitos mínimos, desglosados en estas mismas páginas, y además ofrece a los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma las herramientas que precisan para acometer la segunda parte del marco regulatorio del arrendamiento, quizá la más peliaguda: decidir en qué calles concretas de cada isla se podrá alquilar a turistas.
Esa labor ya ha empezado, pero el mapa definitivo no se conocerá hasta que el Govern saque adelante su ley en el Parlament, en el mes de marzo o abril. Sí se puede intuir, no obstante, por donde van los tiros, tanto por lo que cuentan oficialmente en Consells y Ayuntamiento, como por las intenciones que filtran extraoficialmente quienes tienen la decisión sobre sus mesas. Aquí se desgranan algunas, pero leanlas siempre con una reserva previa importante: desde que empezó este proceso, que arrancó aún con el PP de Bauzá en el poder, abundan los casos en los que los distintos gestores políticos han informado de decisiones al respecto del alquiler turístico que no eran más que intentos de utilizar a los medios de comunicación para sondear a la opinión pública en una cuestión tan delicada como la del alquiler. Más allá de esta reserva, tanto en público como en privado los gestores del Consell, Cort y el Govern coinciden en una tesis que condicionará el mapa del alquiler: no hace falta habilitar más plazas para alojar a turistas en zonas que ya están saturadas de turismo, como por ejemplo buena parte del centro de Palma, casi toda la isla de Eivissa o áreas como las más demandadas de Calviá y toda la Platja de Palma.
Desde esa premisa, estás son las claves que determinarán el mapa del alquiler turístico balear:
Por la senda canaria: el Consell apuesta por facilitar el alquiler turístico en pueblos del interior de la isla. "No es lo mismo el Port d'Alcudia que Búger". Con esa frase en el Consell de Mallorca contraponen la realidad de zonas cuya economía ya se nutre con éxito del turismo, como el citado Port d'Alcudia, de otros núcleos de interior en los que el alquiler se ha convertido en la única forma de participar en la riqueza que acompaña al negocio turístico. Mallorca parece que seguirá así el modelo de arrendamiento legalizado en Canarias, donde se ha apostado por autorizar solo el alquiler allí donde no hay zonas turísticas dotadas ya de hoteles, apartamentos e infraestructuras turísticas. El objetivo es claro: que poblaciones no masificadas y en poco contacto con el turismo continúen desarrollando negocios y actividad ligadas a los veraneantes.
Las zonas de burbuja inmobiliaria, las primeras excluidas. Palma lidera en los últimos meses la subida de los precios de la vivienda en España. Tanto los de venta como los de alquiler. Y el turismo y su explotación están detrás de ello, como advierten en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. ¿Solución? Toni Noguera, futuro alcalde de Palma, explica que tendrán en cuenta las dificultades de acceso a la vivienda, las subidas de precios y la actividad económica para decidir. Posible traducción: el centro de Palma y las zonas de precios más altos podrían ser relegadas en el alquiler turístico.
Nada de plazas adicionales en zonas saturadas como Platja de Palma. Consell, Govern y Cort coinciden estos días en aludir a la necesidad de frenar la masificación de "zonas maduras". En Platja de Palma y en los puntos más saturados de cada área turística la contención será máxima a la hora de autorizar el alquiler turístico.
Una pelea calle a calle: cada ayuntamiento participará en la decisión. Palma definirá su propio mapa. El resto de ayuntamientos dependen del Consell, que elaborará el plano del alquiler con la información que remita cada gobierno local. En el Govern avisan de que se avecina una batalla de máximo riesgo y tensión para los alcaldes, que podrán definir qué vecinos pueden sacar tajada del alquiler y cuáles no. La pelea por el negocio del alojamiento acaba de empezar.
