Ni uno solo de los casi 3oo testigos que, desde marzo a mayo, han depuesto ante el tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso Nóos ha incriminado a la infanta Cristina en los dos delitos contra la Hacienda Pública que le imputa el sospechoso sindicato Manos Limpias. Lo que sí han corroborado algunos de los declarantes es que la exduquesa de Palma contrató a su servicio doméstico en Aizoon, la consultora que posee a medias con su esposo, y también acusado, Iñaki Urdangarin y que cargó a esta empresa numerosos gastos particulares y familiares. Virginia López Negrete, la acusadora popular en nombre de Manos Limpias que vive sus horas más bajas tras la investigación por corrupción contra ese sindicato y el encarcelamiento, por extorsión, de su secretario general, Miguel Bernad, no ha conseguido que nadie vincule a doña Cristina con la administración, gestión o actividades de Aizoon.
Esta sociedad sirvió, según Negrete, de vehículo para que Iñaki Urdangarin defraudara a Hacienda unos 340.000 euros, gracias a la ayuda o pasividad de su esposa, que es propietaria de la mitad de las acciones y debía haberse esmerado en evitar irregularidades en la consultora.
Manos Limpias propuso para el juicio los mismos testigos que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que únicamente declaró sobre el papel de Iñaki Urdangarin en la búsqueda de votos de miembros del Comité Olímpico Internacional para Madrid-16.
La maratoniana prueba testifical tendrá que ser analizada con lupa por las tres magistradas de la sección primera, que han tomado buena nota de las afirmaciones, negaciones o dudas de los deponentes. No obstante, se pueden extraer algunas conclusiones referentes a los principales acusados. La primera afecta a Iñaki Urdangarin y Diego Torres y es que el grupo de empresas, asociaciones, fundaciones e institutos que configuraban Nóos sí realizó multitud de actividades, iniciativas y trabajos y prestó servicios a las Administraciones con las que firmó convenios y por los que recibió casi 6 millones de euros de fondos públicos.
No todo fue humo, como mantienen fiscalía y Manos Limpias: hubo iniciativas, de cuya utilidad pública se podrá dudar, pero que efectivamente se llevaron a cabo.
La Casa del Rey no tuteló
Si muchos comparecientes han ratificado que se hacían cosas, también ha habido varios testigos, algunos cualificados, que han rebatido una de las principales líneas de defensa de Urdangarin y Torres: que la Casa del Rey tutelaba, controlaba, fiscalizaba, asesoraba y hasta vetaba los pasos de Nóos.
"Nada se hacía en Nóos sin el visto bueno de la Casa del Rey y eso nos daba una tranquilidad sobre la bondad de nuestras acciones", han venido a decir el exduque de Palma y el exprofesor del Esade. Pero los exjefes de la Casa del Rey Alberto Aza y Fernando de Almansa, el exsecretario de las infantas Carlos García Revenga y otros declarantes han dicho que nada de nada: las actividades privadas de Iñaki Urdangarin no se revisaban en absoluto.
Los jefes supremos
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha conseguido, gracias a la prueba testifical, acreditar que el cuñado del Rey y Diego Torres eran los jefes supremos en Nóos y que allí no se movía ni una mosca sin su anuencia. También está más que probado el continuo trasiego de trabajadores de una sociedad a otra y la utilización de empleados ficticios para conseguir beneficios fiscales.
Algunos declarantes, como los hermanos Miguel (testigo) y Marco Tejeiro (acusado), exasesor fiscal y excontable de la trama, han servido para acrecentar las sospechas de que Urdangarin y su socio Diego Torres usaron facturas cruzadas entre las sociedades para desviar los fondos públicos a sus bolsillos.
En sus largas declaraciones ninguno de los dos principales acusados supo dar explicaciones al tribunal de las abultadas facturas que les permitieron sacar de Nóos el sobrante de lo no gastado en los eventos organizados con dinero del Govern y la Generalitat valenciana.
Respecto a la trama valenciana de Nóos un elevado número de testigos ha confirmado dos de los alegatos de las defensas: los foros organizados por Urdangarin fueron muy positivos para la Comunidad Autónoma y los organismos que pagaron los seminarios, la empresa Cacsa y la Fundación Turismo Valencia, eran de derecho privado.
