Cuando aún resuena el fuego cruzado entre el Gobierno de Rajoy y las comunidades por la amenaza del Ejecutivo estatal de intervenir las cuentas de doce gobiernos autonómicos, a la presidenta Armengol le tocará ser hoy la primera líder regional que saque la cabeza de la trinchera para reunirse, precisamente, con quien empezó la hostilidades: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La cita, que estaba prevista antes de que el Gobierno Rajoy empezase a enviar avisos de embargo, ha pasado de la categoría de encuentro técnico a la de choque político nacional de primer orden. Por ello hubo cambió de planes ayer: estaba previsto que a la reunión en Madrid fuese la consellera de Hacienda, Cati Cladera, pero finalmente lo hará acompañada de Francina Armengol, líder de una delegación en la que también estarán el director general de Presupuestos y el interventor general de la comunidad.
La máxima representante política y los responsables de controlar los gastos y garantizar los pagos de la comunidad viajan juntos al despacho de Montoro con un triple objetivo. Primero y segundo: conseguir que el ministro entienda que Balears está mal financiada con el modelo actual y, pedirle por ello, que, además de reconocerlo, asuma exigencias como una mejor asignación para este mismo año y la condonación del dinero que en los últimos años el Gobierno Rajoy prestó a Balears al 0% de interés a través de los fondos de rescate (FLA), solicitados tanto por el Govern Bauzá como por el actual. O traducido a números: que ponga mil millones ya este mismo año, que para eso no importa que Montoro esté en funciones. A eso se suma un tercer objetivo: que además de poner el dinero y asumir la opresión fiscal balear, el ministro, en vez de retener pagos como ya está haciendo, "deje de criminalizar" a Balears, culpando a la comunidad, junto a otras once autonomías, del incumplimiento del déficit por parte de España.
Talante "conciliador"
Así que Armengol va a la guerra. Pero con "talante conciliador". O eso dicen en el equipo de la presidenta, en el que ayer rebajaban el tono para matizar las llamadas a la rebeldía fiscal que se insinuaron en caliente a finales de la semana pasada. "No es el momento de eso, es el momento del diálogo político", sostienen La insumisión o rebeldía es ahora mismo un absurdo, solo planteable desde la ignorancia de los mecanismos de financiación autonómica. Y de ello son conscientes en el Govern: no acatar las órdenes del ministerio para reducir gastos implica de modo casi automático sumir a la comunidad en la insolvencia y el impago. Con lo que ello supone: el día a día de la administración se paga con las aportaciones que llegan mensualmente del modelo de financiación y con los prestamos a interés 0% que entrega el mayor acreedor de Balears, el Estado, a través de un fondo de rescate creado por el propio ministro Montoro, el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico).
Renunciar a hacer los recortes, esa insumisión que ayer pedían incluso algunos sindicatos, podría implicar que el Gobierno central siguiese con su intervención de la comunidad, con lo que decidiría directamente a qué gastos baleares dedica el dinero que le corresponde a Balear. Y menos sentido aún tendría renunciar al FLA: para hacerlo habría que pedir prestado a los bancos a intereses siempre superiores al 5% el dinero que el Estado entrega al 0%. De ahí el"tono conciliador" con el que la presidenta acude al encuentro de quien controla el dinero.
"Pero si el Gobierno central sigue en esta línea habrá que reaccionar", avisan en el equipo de la presidenta. ¿Y cómo se puede reaccionar contra un Gobierno central que controla los mecanismos de financiación, puede asfixiar a cualquier autonomía denegando fondos e incluso tiene base legal para intervenir las cuentas de las comunidades que incumplen el déficit y se niegan a hacer ajustes? Pues no hay opciones sencillas, aunque hasta el momento las autonomías están trabajando en un frente común.
El frente común
Balears ha hablado con casi todos los gobiernos regionales, bien como Govern, bien a través de contactos informales entre compañeros de partido de diferentes autonomías. La conclusión es que están todas en el mismo bando. El hecho de que la carta con la amenaza explícita de intervenir las cuentas de la autonomía haya llegado a doce gobiernos regionales de distinto color político contribuye a poner de acuerdo a unas comunidades que, en materia de financiación, pocas veces se ponen de acuerdo. A Montoro le llueven críticas tanto de gobiernos de coaliciones de izquierdas como el balear y el valenciano, como de ejecutivos del PP como el Castilla y León. En este último, el presidente, Juan Vicente Herrera, acusa al ministro de su mismo partido de haber hecho un "análisis precipitado", carente además de "lealtad institucional".
El líder del PP castellano leonés se refiere con eso de la "lealtad institucional" al desigual reparto del margen que tiene España a la hora de incumplir el déficit. Se explica mejor con cifras. En 2015 España podía gastarse 46.000 millones más de los que ingresó en sus cuentas públicas. Pero el desvío rozó los 55.000, equivalentes al 5% del PIB español, cuando estaba autorizado un 4,2%. La clave está en el reparto de ese agujero: el Gobierno central, que controla los órganos en los que se asigna el esfuerzo que ha de hacer cada nivel administrativo, se dejó la misión más fácil. De los 46.000 millones autorizados, la administración del Estado disponía de 32.000, un 2,9% del PIB. Y cumplió con su poco exigente objetivo: cerró en el 2,53%, gastando 27.754 millones más de los que ingresó.
Las autonomías, en cambio, manirrotas ellas, según la visión centralista de Montoro y el Gobierno Rajoy, incumplieron: mientras la administración estatal podía desviarse un 2,9%, 32.000 millones, las regiones solo podían alcanzar el 0,7%, 7.600 millones, con lo que casi todas acabaron ahogadas y, tras muchos recortes, con un déficit del doble de lo permitido, el 1,66% (18.210 millones de desfase).
Es decir, las autonomías, que sustentan la mitad de los servicios públicos, entre ellos la sanidad, la educación o la lucha contra la exclusión, tuvieron menos déficit que la administración central, que pese a ello las acusa de ser las causantes del incumplimiento de España. De ahí el mosqueo, que es grande incluso en los pocos gobiernos autonómicos que le quedan al PP. Hoy a Armengol le toca ser la primera en dar la cara.
